La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en la causa que investiga la Operación Púnica, ha avanzado este martes la presidenta del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.
En el Foro ABC-Deloitte, al que ha llegado acompañada por su consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, señalado por el empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la Púnica, por su supuesta implicación.
Cifuentes ha explicado que se personarán en la causa «por razones de transparencia y para defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional».
Y es que ha señalado que «según se desprende de los datos conocidos hasta ahora, de los presuntos delitos que se han cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid».
En su intervención en el Casino de Madrid, donde ha estado arropada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; y varios ministros, Cifuentes ha afirmado que va a ser «implacable con cualquier forma de corrupción». «Aunque pertenezca al pasado. Aunque el mío sea un Gobierno nuevo y tenga muy claro qué se puede hacer y qué es inadmisible tolerar», ha apostillado.
En este punto, ha reclamado que la Justicia «sea rápida, eficaz» y «precisa en sus investigaciones». Por eso, ha abogado por que «ponga luz donde hay sospecha para que la sospecha se confirme o para que desaparezca».
Además, ha avanzado que si cualquier representante público del PP resultara imputado en el curso de una investigación judicial, será «contundente».
Por otra parte, ha defendido que la transparencia de la Administración y la prevención de la corrupción son ejes «fundamentales» de su Gobierno. «No queremos privilegios ni zonas de sombra. Pedimos las mismas reglas del juego que rigen para todos los ciudadanos», ha indicado para señalar que por eso, abogan por eliminar el aforamiento.
«Y a partir de ahí, que la Justicia actúe si es que hay aspectos que aclarar en el pasado. Mi Gobierno no tiene nada que esconder. La prueba es que hemos acordado una auditoría externa en el acuerdo de investidura, que se va a iniciar en las próximas semanas», ha zanjado.