La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.
El motivo, según ha adelantado el diario El País, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas «prácticas irregulares» encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con «responsabilidades políticas por mala gestión».
En ese extenso informe, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. «Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria», apuntaba el escrito presentado. Las naves «no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual» de Mercamadrid», señalaba la denuncia.
Así, el documento detallaba que «si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad» lo que «es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio».
DAÑO PATRIMONIAL DE 11 MILLONES
Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid «puede superar los 11 millones». «Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique», destacó el concejal.
En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. «En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad», señalaba el documento.
Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.
DANCAUSA NO COMPARTE LA DECISIÓN DE LA FISCALÍA
La delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, no comparte la decisión que ha tomado la Fiscalía de Madrid de denunciar un posible delito societario contra el Consejo de Mercamadrid cuando ella estaba en el mismo y ha defendido su actuación en esta empresa avalada por informes jurídicos y económicos.
En un escueto comunicado, Dancausa ha aclarado que en «ningún caso» ha sido «encausada por fraude» sino que la fiscalía «lo que hace es dar traslado para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de administración de Mercamadrid».
«Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid no la comparto en absoluto. No obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor», ha señalado.
Asimismo, en relación con esta operación, se ha ratificado en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. «El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración», ha dicho.
Por último, ha querido dejar claro que el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fue presidenta fue «velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado», puesto que estaban «sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis».
DANCAUSA EN MERCAMADRID
Fuentes próximas a la actual delegada de Gobierno han recordado que en 2013 Dancausa ocupaba la presidencia del Consejo de Administración pero no desempeñaba funciones ejecutivas, «como es habitual en los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento de Madrid».
Del mismo modo, han señalado que la operación consistió en llegar a un acuerdo que «fuera viable» para los intereses de Mercamadrid en un conflicto originado en el año 2001. Para ello, con los informes favorables correspondientes del Secretario General del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción.
Esta propuesta consistía en que unas naves construidas por Mercaocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos pasaran a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa.
El destino final de esta operación era que Mercasa pudiera utilizar las naves para su proyecto Mercaorigen. Con esta operación, indican las mismas fuentes, se eliminaba el riesgo de las demandas pendientes por importe de 8 millones de euros; se daba uso económico a unas naves que ya existían y se dotaba a Mercamadrid de un nuevo factor de competitividad, con unos precios adecuados al mercado.
Esta operación fue aprobada en el Consejo de Administración del 16 de octubre 2013, por 18 votos a favor, incluida la representación de Mercasa, ninguno en contra. Además, apuntan que las auditorias realizadas, tanto la externa, como las internas realizadas por la Intervención General del Ayuntamiento, «no pusieron ningún reparo a la operación».
El contrato de alquiler entre Mercamadrid y Mercaocio se firmó el 28 de noviembre de 2013. «Posteriormente a la aprobación de la operación y a la firma del contrato, en la Comisión Ejecutiva de 5 diciembre 2013, Mercasa plantea, sorpresivamente, que para que su inversión fuera rentable, la concesión del Ayuntamiento a Mercamadrid debería extenderse más allá de la fecha establecida, que era enero de 2032», han señalado.
Así, han defendido que desde aquel momento, el «empeño» de la Presidencia de Mercamadrid «fue buscar soluciones para dar viabilidad a la condición planteada por Mercasa». Teniendo en cuenta que esta cuestión debía ser sometida a la aprobación de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, se solicitó a Mercasa acreditación documental de los motivos por los cuales necesitaba ampliar el plazo de concesión para que la operación fuera viable.
En este sentido, se solicitó un Plan de Negocio y Viabilidad, que no llegó hasta febrero de 2015. Esta documentación se encontraba en estudio cuando, dos meses después, Dancausa cesó en su cargo en el Ayuntamiento. «Por otra parte, la utilización de los locales cuya posesión había sido adquirida por Mercasa quedaba a la buena gestión de los órganos ejecutivos», han concluido.
Mercasa es una de las empresas que se han registrado en el marco de la Operación Lezo, que se ha saldado con la detención y entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. También se ha detenido y está en la cárcel su hermano, Pablo González, directivo de Mercasa hasta hace unos días, cuando, tras el estallido de la operación, procedieron a cesarle.