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6.057 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid

El número de denuncias presentadas por violencia de género en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de este año ha aumentado un 15%.

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El número de denuncias presentadas por violencia de género en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de este año ha aumentado un 15 por ciento con respecto al primer trimestre de 2016, que fueron 5.150.

Además, un total de 6.057 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid en las 6.467 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la región durante el primer trimestre de 2017, según los datos estadísticos dados a conocer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Asimismo, aumentó en un 6,38 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género, ya que en el primer trimestre de 2016 fueron 4.843 frente a las más de 6.000 del presente año.

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En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16, las comunidades de Baleares, con una ratio de 20,9, y Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias con tasas ligeramente superiores a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Castilla y León, con 9,8, seguida de La Rioja y Galicia, con ratios en torno a 10. En la Comunidad de Madrid, la ratio fue de 17,87.

Más del 75 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone mantener el mismo porcentaje que en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la Policía se sitúan en el 16,8 por ciento de los casos –dato similar al año anterior– constatándose una vez más las pocas denuncias presentadas por familiares, que apenas llegaron a un 1,19 por ciento del total.

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Cerca de un 6 por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 371 por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

MÁS VÍCTIMAS QUE NO DECLARARON

En 895 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 14,07 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra superior al año anterior, que fue de un 11,8 por ciento.

En 500 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 395 eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

MÁS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Durante el primer trimestre del año se solicitaron en la región 1.503 órdenes de protección en los órganos judiciales, aumentando así ligeramente la cifra de 1.374 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 1.372 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 131 lo fueron en los juzgados de guardia.

En el pasado ejercicio, las órdenes solicitadas en los juzgados especializados que incluían medidas de protección y seguridad a las víctimas fueron 1.274, mientras que otras cien lo fueron en los juzgados de guardia.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 55,5 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (762 adoptadas frente a 1.372 solicitadas), previstas en los artículos 544-ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un importante incremento respecto al mismo periodo del año anterior, en que se concedió un 44 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas tanto en los juzgados de violencia sobre la mujer como en los juzgados de guardia, 907 (un 60,3 por ciento) correspondieron a mujeres españolas y 596 a extranjeras. Diecisiete órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 1,1 por ciento del total.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado de manera «muy positiva» el notable incremento de las medidas judiciales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, y de manera notoria las órdenes de protección concedidas, que superan el 68 por ciento del total de órdenes solicitadas.

En el mismo sentido, ha destacado la consolidación de la tendencia de incremento interanual de las condenas, que tras el aumento de más de dos puntos porcentuales, nos sitúa en el dato de que de cada tres sentencias penales que dictan nuestros órganos judiciales, dos son condenas. También es plausible el descenso del número de mujeres que se acogió al derecho a no declarar.

Al constatar, por otra parte, el importante aumento de las denuncias (un 20 por ciento más que en el primer trimestre de 2016), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la mayor sensibilización y visibilidad del problema de la violencia de género –con el único matiz, ya tradicional, de la poca implicación para denunciar del entorno de la víctima– y por otra parte en la urgente necesidad de hacer realidad el Pacto de Estado contra la violencia de género.

La presidenta del Observatorio, «desde el más profundo reconocimiento a la labor que están llevando a cabo las distintas Comisiones y Subcomisiones del Congreso y del Senado para alcanzar este Acuerdo», ha apelado «a la generosidad y el trabajo» de los distintos grupos parlamentarios para lograr el objetivo final del Pacto de Estado.

«La consecución del mismo, con sus reformas legislativas correspondientes y sus dotaciones presupuestarias adecuadas, abre un nuevo horizonte de esperanza en el largo, y duro, camino de la lucha contra la violencia sexista», ha concluido.

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