El exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha vuelto a solicitar al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa Eloy Velasco, abandonar la prisión de Soto del Real, donde se encuentra desde octubre de 2014, alegando que sus hijas adolescentes le necesitan y ha insistido en que no tiene otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer y que han quedado reducidos a una «ridícula cantidad» al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.
En un escrito remitido al magistrado y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exalcalde de Valdemoro insiste en que su familia vive en una «modesta casa hipotecada» en la que las niñas comparten habitación. Añade además que no tiene más bienes que los que se le han bloqueado en el marco de la instrucción del procedimiento y descarta que exista patrimonio oculto en el extranjero.
Su representación procesal matiza que las investigaciones sobre dicho patrimonio oculto y la solicitud de comisiones rogatorias a otros países «han dado un resultado cero» y por tanto el peligro de fuga alegado por el magistrado que rechaza dejarle en libertad «se basa en una elucubración inaceptable» y que supone una «flagrante» vulneración de sus derechos.
Granados, que ya ha pedido su libertad en varias ocasiones en los últimos dos años, aclara además que no tiene potestad para hacer desaparecer documentación relacionada con la trama Púnica porque los diversos cargos públicos que ostentó los abandonó hace varios años, lo que hace «absolutamente imposible imaginar ese supuesto». En concreto se refiere a su periodo como alcalde de Valdemoro, que ostentó hasta 2003 y como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que ejerció entre los años 2008 y 2011.
«¡Y VAMOS PARA TRES AÑOS!»
«¿Es que casi cuatro años después de haberse iniciado las investigaciones, de haberse incautado una ingente documentación y de haberse practicado numerosas comisiones rogatorias y tomado declaración a todas la personas que se ha tenido por oportuno, se pretende sostener que todavía existen no se sabe qué pruebas que el señor Granados pueda destruir? La pregunta se contesta por sí sola. ¡Y vamos para tres años!», reza el escrito remitido al juez.
También cuestiona la veracidad del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de febrero de 2014 que a su juicio incluye «contradicciones» y se basa «en simple conjeturas» porque el más de millón de metros cuadrados de suelo rústico de Valdemoro que la Policía atribuye a empresas de personas investigadas en la causa fueron calificados mediante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según defiende.
Además califica de «disparatadas e incongruentes» las declaraciones en sede judicial de su exsocio y amigo David Marjaliza -también investigado en la causa pero en libertad con medidas cautelares desde diciembre de 2015- y dice que Granados no tiene relación directa con las actividades del empresario de la construcción.
«Mi representado, por más tiempo que se le mantenga en esta clamorosa e injusta situación no va a reconocer unos hechos que no ha cometido ni un supuesto patrimonio del que carece, ni unas persones o capacidad de destrucción de pruebas que no tiene», concluye su defensa.