El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, la libertad bajo fianza de 400.000 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril por el caso Lezo que investiga presuntas actividades corruptas en organismos públicos madrileños como el Canal de Isabel II.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión después de recibir el informe en el que el Ministerio Público modifica su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido con ocasión de otras tres peticiones anteriores de la defensa del exmandatario madrileño. Considera Anticorrupción que ha disminuido el riesgo de que González pueda reincidir en su actividad delictiva o destruir pruebas.
La Fiscalía señala en su escrito, del que únicamente se ha facilitado una nota de prensa, que una vez analizados los hechos presuntamente delictivos siguen concurriendo no obstante «elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González» y que éste se enfrenta a imputaciones por hechos delictivos penados con más de 20 años de prisión. Ello hace que siga existiendo riesgo de fuga «sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer».
Del mismo modo el Ministerio Público destaca que la instrucción de la causa ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.
No obstante, la Fiscalía considera que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá.
En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo. Todo ello impone la necesidad según la Fiscalía de de «acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso».
Durante los 6 meses que lleva en prisión la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones anteriores pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un «papel decisivo» en la trama de corrupción.
El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que, transcurridos seis meses, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. En ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de la cárcel por su arresto domiciliario.
El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.