Opinión

¡Ahora sí! Cañada Real Galiana

Eugenia Carballedo|Madrid|16 de Mayo de 2017, 10:00

La Cañada es una prioridad del Gobierno autonómico, tal y como apuntaba su programa electoral en el que se comprometía a adoptar las medidas necesarias para favorecer su transformación urbanística y la integración social de sus vecinos. 

Esta legislatura tiene una protagonista clara, la Cañada Real Galiana. 

La Cañada es una prioridad del Gobierno autonómico, tal y como apuntaba su programa electoral en el que se comprometía a adoptar las medidas necesarias para favorecer su transformación urbanística y la integración social de sus vecinos. Un compromiso que se vio reforzado con el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos y con la decisión adoptada por la Asamblea de Madrid que aprobó por unanimidad instar al Gobierno de la Comunidad a redactar un pacto regional por la Cañada Real. 

El pacto impulsado por el Gobierno autonómico se ha elaborado de forma participativa a través de un grupo de trabajo coordinado por el Comisionado creado por la Comunidad para fomentar la interlocución y coordinación entre los grupos parlamentarios de la Asamblea y los tres ayuntamientos afectados: Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada. 

Se da así la circunstancia histórica de que al consenso político se une el institucional de cuatro administraciones comprometidas hasta la consecución de los fines asumidos en el Pacto. Estamos ante un acuerdo de obligado cumplimiento para las distintas administraciones implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran devenir.  

Al citado consenso político e institucional se suma el vecinal. Las asociaciones de vecinos de la Cañada Real y las entidades sociales que trabajan desde hace mucho tiempo en la zona han tenido un papel fundamental en su contenido. Solo con su activa participación se ha alcanzado un Pacto pegado a la calle y a esa realidad compleja que afrontamos.

En la búsqueda de una solución global se marcaron dos objetivos prioritarios: el primero, garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos establecidos en el pacto, y, el segundo, relativo a la restauración del medio natural en un ámbito muy degradado y la regularización de la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y parcelas. 

Para su consecución se realizarán las actuaciones previstas en el pacto, velando siempre por la observancia de la ley, la igualdad de todos ante esta y el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Junto al principio de legalidad, inspiran el contenido del pacto los principios de participación, consenso, transparencia, cooperación, coordinación interadministrativa y cohesión social.     

El pacto regional ofrece una solución definitiva para los Sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan cerca del 60 por ciento de su totalidad. En el caso del Sector 1, la solución adoptada pasa por consolidar la mayoría de las viviendas existentes al encontrarse perfectamente integradas dentro de la trama urbana del municipio. Para aquellas viviendas que estén incursas en alguna de las afecciones urbanísticas se prevén alternativas de realojo. 

Por su parte, el Sector 6 representa el ámbito más degradado. Cuenta con un gran número de infraviviendas y se ve condicionado por numerosas afecciones urbanísticas y ambientales insalvables, así como la ubicación de espacios naturales protegidos. Estas afecciones, unidas a la ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad y a los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, motivan la adopción de una solución consensuada que supone el desmantelamiento de la misma. 

Para los Sectores 2 a 5, el pacto regional deja abierta la solución urbanística que será estudiada, bajo el principio de máxima participación, por ponencias técnicas que deberán concluir en un plazo tasado con la mejor decisión para esta zona.

Pero el pacto no se conforma con ofrecer soluciones urbanísticas. Se aprueba también un importante paquete de medidas complementarias de carácter social, sanitario, educativo y laboral con las que dignificar las condiciones de vida de todos los habitantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

La realidad demanda una intervención inmediata y, para ello, el pacto regional recoge una serie de actuaciones urgentes que dan muestra del compromiso con la Cañada Real por parte de la Comunidad de Madrid. En este sentido, las medidas integradas en el plan de choque cuentan con una partida presupuestaria propia de 1,5M€ que ya está empezando a mejorar la vida de esas más de 7.200 personas que viven en la Cañada Real. 

En definitiva, el pacto regional que mañana previsiblemente se firma en la Puerta del Sol, tras ser aprobado por la Asamblea de Madrid y los Ayuntamientos de Rivas, Madrid y Coslada, es un compromiso social ineludible, que va a redundar no solo en beneficio de los habitantes de la Cañada Real Galiana, sino en beneficio de una sociedad madrileña más equilibrada y más justa.

Eugenia Carballedo es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

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