La Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado ha acordado una reforma del modelo de financiación autonómica, para lo se creará una «comisión de expertos» en el plazo de un mes con el objetivo de que las comunidades autónomas alcancen «el máximo consenso» a lo largo 2017 para cambiar el sistema actual.
Según el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes de las comunidades autónomas reunidos en Madrid, la comisión estará integrada por expertos propuestos tanto por el Estado como por las CCAA y empezará a trabajar «de forma inmediata» para «la reformulación posterior de un nuevo modelo de financiación» basado en principios como «solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos» en función de su coste.
Según se detalla en el documento de acuerdos de la Conferencia de Presidentes, la comisión también abordará la reforma de financiación de las Entidades Locales en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya propuesta tendrá que someterse a la aprobación de la Comisión Nacional de Administración Local.
La comisión de expertos analizará, «dada la especial sensibilidad que generar los servicios vinculados a la dependencia», los actuales mecanismos de financiación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia «para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia», precisa el documento.
Por este motivo, también se constituirá una comisión en el plazo máximo de un mes «para proceder al análisis de la situación del sistema de dependencia que determine la situación actual, su sostenibilidad, y la financiación por parte del Estado». Del mismo modo, el grupo de expertos actualizará las principales variables del coste y evolución del gasto sanitario, así como «como su reflejo en modelo propuesto».
Bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y Función Pública y con la base de dichos análisis desarrollará sus trabajos el Comité Técnico Permanente de Evaluación y, posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que se encomienda el seguimiento de este acuerdo, que se trasladará posteriormente a la Federación Española de Municipios y Provincias para actualizar el sistema de financiación de las Entidades Locales.
REFUGIADOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Entre los doce acuerdos alcanzados este martes en la Conferencia de Presidentes, también destacan la celebración un debate monográfico sobre violencia de género en la comisión general de las CCAA del Senado para luchar de forma «contundente» contra esta lacra en el que se incorporen aportaciones al Pacto de Estado contra la violencia de género.
Asimismo, ha acordado impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados.
Así lo ha anunciado Rajoy este martes durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Senado al término de la Conferencia de Presidentes. Entre otros acuerdos alcanzados en materia social se encuentran una estrategia nacional frente al problema demográfico, un consejo nacional de protección civil, un debate monográfico sobre educación y el diseño de una tarjeta social.
En concreto, sobre violencia de género, Rajoy ha precisado que ha alcanzado con los presidentes autonómicos un acuerdo de última hora con el objeto de «dar una batalla contundente y eficaz contra esta lacra que desgraciadamente sufre en demasía el país».
«Hemos incorporado a última hora un acuerdo en materia de violencia de género que será objeto aquí de un debate monográfico de la comisión de las comunidades autónomas y cuyas conclusiones se aportarán a la Comisión que está constituida en el Congreso», ha indicado el presidente del Ejecutivo.
Además, ha añadido que ante la situación de los refugiados que «se ha agravado con la llegada del invierno», la Conferencia de Presidentes ha acordado impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a estas personas.
Por otro lado, ha anunciado que en el plazo de tres meses constituirán el Consejo Nacional de Protección Civil para sumar todos los medios de que disponen el Gobierno y las CCAA ante «algún problema grave o calamidad», para ser más «rápidos y no estar discutiendo sobre si la competencia es de uno o de otro».
Asimismo, los presidentes han acordado pedir al Senado que convoque la Comisión General de las CCAA para realizar un debate monográfico sobre educación para que las autonomías den su opinión y esta se sume a los trabajos del Pacto de Estado por la Educación.
También han concluido que elaborarán una estrategia nacional frente al reto demográfico, un asunto que Rajoy ha definido como «capital» y, en el plazo de tres meses, pondrán en marcha un grupo de trabajo para diseñar una tarjeta social que permitirá la actualización permanente de las prestaciones sociales que las CCAA y el Gobierno prestan.
La Conferencia de Presidentes ha llegado a once acuerdos relativos a políticas de empleo, protección civil, demografía, Educación, unidad de mercado, administración digital y empleo público, impulso de la tarjeta social, protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, financiación autonómica, participación de las comunidades en la UE, cambio de reglamento de la Conferencia de Presidentes, violencia de género y refugiados (incluido en el de participación de las CCAA en la UE).
CIFUENTES PIDE UN UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido un nuevo modelo de financiación autonómica y ha considerado que el sistema de financiación de la Dependencia es la «asignatura pendiente del Estado del Bienestar».
En su intervención en la VI Conferencia de Presidentes, la presidenta madrileña ha pedido un nuevo modelo de financiación que sea «sencillo y transparente» y que no tenga «retorcimientos estadísticos». Además, ha apostado por que nazca «con vocación de permanencia», por lo que ha abogado por que se apruebe «con el mayor consenso posible».
La popular considera que el actual sistema es «perjudicial». En el caso de Madrid, ha indicado que es la región «que más recauda y la más solidaria con el conjunto nacional» aportando el 78 por ciento de los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales; pero su financiación total por habitante ajustado acaba siendo «inferior a la media de las comunidades de régimen común».
Sus condiciones para este nuevo modelo son, en primer lugar, la «transparencia en la negociación y en la aplicación posterior del sistema»; en segundo, la irrenunciable solidaridad entre regiones» y en tercero, la «necesaria vinculación entre el principio de suficiencia y el de solidaridad para asegurar una similar prestación de servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas».
Aboga también por reducir las actuales diferencias en la financiación per cápita; por revisar el principio de lealtad institucional para que la aplicación de normas estatales venga acompañada de los recursos necesarios y por tomar en consideración las políticas económicas para que el sistema «no desincentive a las regiones más dinámicas», que ven que «una mayor recaudación no reporta un aumento de la financiación». A su juicio, «existe un amplio margen de negociación para alcanzar un acuerdo».
«La Comunidad de Madrid va a trabajar para que ese entendimiento sea posible. Y lo vamos a hacer ofreciendo no solo soluciones, sino también lealtad», ha lanzado Cifuentes, quien ha precisado que se trata de lealtad al interés general de los madrileños, pero también a las demás comunidades autónomas, al Gobierno, a la Constitución y a la Nación española, porque considera que las comunidades autónomas no pueden ser «barreras que dividan y separen a los españoles».
En este punto, ha remarcado que «si 2016 ha sido el año del bloqueo» las comunidades autónomas pueden conseguir que 2017 «sea el año en que se articulen las soluciones necesarias para dar un nuevo impulso al Estado social, promoviendo, además, un mayor bienestar para todos los españoles y consiguiendo una España mejor».
A lo largo de su intervención, Cifuentes se ha centrado en la sostenibilidad del Estado del Bienestar y poniendo la vista en Madrid, ha dicho que «la gestión de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público, la vivienda o las políticas activas de empleo suponen el 90 por ciento del presupuesto».
En cuanto a la Dependencia, uno de los temas abordados en la reunión de este martes, ha indicado que «el 84 por ciento del gasto destinado a este concepto lo aporta la Comunidad frente al 16 por ciento que corre a cargo del Estado».
«Nuestro presupuesto sufraga no sólo las prestaciones económicas que se otorgan, sino sobre todo las plazas o servicios derivados de la Ley de Dependencia, que son particularmente costosos», ha apuntado la presidenta, quien ha remarcado que «tanto las prestaciones como el gasto que suponen estas plazas están muy por encima de la media de todas las comunidades autónomas».
Por todo ello, ha considerado que «la asignatura pendiente del Estado del Bienestar es la financiación de la Dependencia».