Conocidos hace apenas una semana los datos de las Proyecciones de Población 2016-2066 del INE, resulta sorprendente el clamoroso silencio en medios políticos sobre un futuro ciertamente sombrío, de confirmarse la tendencia reflejada en el informe. En el ciclo completo proyectado para toda España (50 años) se produciría la pérdida de 5,4 millones de habitantes –más del 11% de nuestra población actual-, y la proporción de españoles de más de 65 años pasaría del actual 18,7% a superar un tercio de la población total, concretamente el 34,6%. El tercer dato esencial, el que tiene que ver con los hogares, anticipa otra realidad que no cabe despreciar. Porque el aumento en casi 1 millón del número total de hogares españoles escondería una verdadera escalada en la proporción de personas solas: 5,5 millones o, lo que es lo mismo, un 28,6% de todos los hogares, que se dispararía a 11,7 millones si se incluyen aquellos en donde viven dos personas.
Es evidente que un panorama demográfico como el que anticipan las proyecciones sería devastador para nuestro modelo socioeconómico. Desde la lógica descapitalización del aparato productivo al desplome de un sistema de pensiones siquiera parecido al actual, todo lo que leemos en el informe se traduce en una pérdida de riqueza tanto o más preocupante que la sufrida tras la crisis que comenzó en 2007. La diferencia entre una y otra quiebra es que mientras aquella fue difícil de prever –nunca está de más recordar a quienes ni cuando ya estaba delante alcanzaban a diagnosticarla-, ésta se nos está anunciando. Desde hace tiempo, pero con tiempo suficiente para tratar de evitarla; o de mitigarla, si es que no somos capaces de frenar este proceso de progresiva depauperación demográfica. Aquí es donde debería entrar en juego la política, y a ser posible con más hechos que palabras. Aunque también con una palabra, que a muchos se les atraganta: Familia.
Sin perjuicio del efecto que haya tenido la reforma del IRPF efectiva para 2015 en lo relativo a moderar el esfuerzo tributario de las familias (la estimación de la Comunidad de Madrid a partir de la Muestra de Declarantes del Instituto de Estudios Fiscales es muy significativa en cuanto a ese beneficio medio), el margen de las administraciones para ayudarlas es muy amplio. Hace falta, eso sí, voluntad política. Como la que demuestra Cristina Cifuentes a la hora de lanzar la Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid. Un diagnóstico muy completo para respaldar las casi 300 medidas que contiene y que abarcan muchos de los capítulos cruciales en los que se puede hacer un poco más fácil la vida de las familias madrileñas, ya sea aportando recursos, reduciendo la imposición indirecta o ajustando la normativa para que la conciliación deje de ser un brindis al sol y se haga cada vez más real.
Es triste que un plan de esta ambición no cuente con mayor apoyo de todas las fuerzas políticas de nuestra región, y que genere en algunos polémicas estériles, como la que hace unos días se suscitó en la Asamblea de Madrid al preguntar una diputada de Podemos al Consejero de Familia sobre la inclusión de las “familias LGTB” en la Estrategia. La respuesta fue tan de sentido común como extemporánea era la pregunta. Familias lo son todas, más allá de adjetivos. Y harían bien en fijarse, también desde la Izquierda, en lo sustantivo; en la necesidad de combatir el envejecimiento de la población española. Aunque sólo fuera porque, según dicen los podemitas en las resacas electorales, las personas mayores no les votan.
Diego Sanjuanbenito es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.