Desde que el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón tuviera la idea de convertir a Madrid en la nueva capital del Imperio Egipcio, cuantiosos proyectos han sido desarrollados en la capital de España, aunque algunos hayan sido cedidos a empresas privadas para lucro de éstas, otros lleven paralizados durante años (tal es el caso de la Ciudad de la Justicia) o simplemente no hayan llegado al deseado Puerto de Alejandría.
El pasado mes de febrero conocíamos que la Comunidad de Madrid dio luz verde a la tramitación y licitación del concurso para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Madrid, máximo exponente del exceso y derroche de dinero público.
A priori, el proyecto podría parecer interesante por cuanto supondría la unificación de las sedes judiciales más importantes, a excepción del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, no sea que al mezclarse con los de abajo se les acabe pegando algo.
La Comunidad de Madrid finalizó el año 2014 con una deuda pública de 32.723 millones de euros, siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor deuda, y el Estado español finalizó 2014 con una deuda de 1.033.857 millones de euros.
¿Necesitan los madrileños una Ciudad de la Justicia que supone un coste de 45.000.000 de euros? (Sin tener en cuenta los gastos de infraestructura).
En materia judicial, lo que los ciudadanos necesitan es que se respete su derecho de acceso a la justicia, derecho que ha sido vulnerado por el Gobierno hasta el pasado mes de febrero cuando, a consecuencia de importantes presiones y unas elecciones a la vuelta de la esquina, tuvo lugar la eliminación parcial de las tasas judiciales que impedían a los ciudadanos el acceso a la misma. Los ciudadanos necesitan que los 500 millones de euros recaudados por la injusta imposición de las tasas judiciales, sean revertidos para que aquellos que tienen menos recursos puedan igualmente acceder a la justicia y para que se dote a la justicia con mayores recursos a fin de que el sistema judicial pueda simplemente funcionar con normalidad y no seguir siendo uno de los peores sistemas judiciales del mundo.
¿Quién no estaría de acuerdo con una estilización de nuestros tribunales? No obstante, en una situación de máxima pobreza, los excesos promovidos por personales ambiciones políticas nunca pueden predominar sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.