La Policía Nacional ha desalojado a primera hora de este miércoles sin incidentes ni detenidos el edificio okupado por personas de ideología neonazi en la calle Bretón de los Herreros, en el madrileño distrito de Chamberí, según ha informado el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez.
Tras una rueda de prensa para informar de la desarticulación de un clan de venta de drogas en la Cañada Real, el jefe superior ha indicado que el desalojo, con orden judicial, se ha culminado «de forma ordenada, progresiva, sin grandes algaradas ni problemas y de forma efectiva».
Además, ha indicado que la operación policial ha sido preparada con detenimiento para impedir que algún inquilino se subiera a la terraza, como ocurrió hace unas semanas cuando una persona subió al ático y amagó con suicidarse, lo que impidió el desalojo. La actuación policial terminó con doce personas identificadas y el traslado de uno de los moradores al hospital por una leve enfermedad.
HOGAR SOCIAL RAMIRO DE LEDESMA
Los okupas de este edificio, que denominaron Hogar Social Ramiro de Ledesma, son conocidos por dar alimentos a personas necesitadas sólo de nacionalidad española. Así, hacen un reparto de alimentos en la zona una vez a la semana y permiten que duermen algunas personas en el edificio.
Anteriormente, habían okupado otro inmueble vacío en el madrileño barrio de Tetuán, en el que desarrollaron las mismas actividades durante varios meses, hasta que fueron desalojados el verano pasado. Su presencia provocó enfrentamientos con miembros de extrema izquierda.
Tras el desalojo de Tetuán, el Hogar se instaló en un edificio que es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social -que denunció su usurpación- y fue adjudicado en subasta pública a un particular privado para construir casas de lujo.
En un auto judicial dictado el pasado 17 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid acordó el desalojo inmediato de dicho inmueble porque la imposibilidad de adjudicarlo a la empresa que lo compró «podría causar una gran perjuicio a los intereses de los terceros y en especial para la Tesorería General de la Seguridad Social y los intereses generales».