El Gobierno municipal ha abierto una investigación por «indicios de claras irregularidades» en un «contrato blindado» entre Mercamadrid, participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento de la capital, y la sociedad Merca Ocio, que ha supuesto un daño patrimonial equivalente al 10 por ciento de los beneficios anuales de la empresa pública.
Ahora Madrid llevará esta cuestión al consejo de administración de la soiedad pública y después, tras cerrar unos flecos, lo elevará a la Fiscalía por si se trata de hechos constitutivos de delito. Tampoco eluden las posibles responsabilidades políticas aunque el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha reconocido que no ha hablado con la anterior responsable de Mercamadrid, la hoy delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y que el contrato fue firmado por una exdirectiva del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal ha tenido conocimiento de esta situación a raíz de una información periodística de la Cadena SER. Los hechos arrancaron en julio de 2001, cuando Mercamadrid abrió un concurso por el que se ponía a disposición de empresas privadas la posibilidad de conseguir derechos de superficie para construir y explotar un hotel y un área de restauración.
La empresa Konin 22, perteneciente al grupo hotelero NH, se hizo con el concurso traspasando los derechos a la empresa Merca Ocio 22, que accedió a la posibilidad de construir a cambio del pago de un canon mensual, algo que hicieron hasta marzo de 2010. Entonces se abrió un litigio por dos frentes, por parte de Mercamadrid, reclamando las cantidades impagadas, y por la concesionaria, que exigía 8 millones de euros «por el aparente incumplimiento de contrato» dado que alegaban que el Ayuntamiento no había concedido las debidas licencias.
EL AYUNTAMIENTO CONCEDIÓ LAS LICENCIAS
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, les ha acusado de mentir facilitando una documentación, que se colgará en la web municipal, con todas las licencias otorgadas. Hay un «escueto informe jurídico» en el Ayuntamiento en el que «no se dice la verdad» al afirmarse que el Consistorio no dio las licencias. «Es una cosa que no es cierta», ha reiterado.
Los pleitos acabaron en un acuerdo extrajudicial en noviembre de 2013, de modo que Mercamadrid renunciaba a las cantidades exigidas por los impagos del canon y Merca Ocio hacía lo mismo con la reclamación de daños, además de conseguir la formalización de un contrato de arrendamiento sobre las naves objeto de la explotación de la restauración.
Se trata, en palabras de Sánchez Mato, de «un área de restauración que no necesita Mercamadrid» y que ni siquiera está explotando la empresa pública. El edil ha concretado que el precio del alquiler del «contrato blindado», firmado hasta 2032, es de 623.000 euros al año, lo que supone el 10 por ciento de los beneficios anuales de Mercamadrid, hasta alcanzar la cifra de 14 millones de euros.
«No se entiende desde el punto de vista del Ayuntamiento porque no hay justificación (al haber sido concedidas las licencias) que explique ese incumplimiento y que lleve a ese acuerdo extrajudicial tan perjudicial para esta empresa pública», ha remarcado el titular de Economía y Hacienda.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DANCAUSA
Sánchez Mato ha declarado que en un principio no se ha planteado una comisión de investigación por estos hechos aunque Ahora Madrid no pondría obstáculos para su celebración si así lo considerase la oposición. La posición de este grupo municipal es de «transparencia y colaboración con la Justicia».
Fuentes próximas a la delegada del Gobierno han señalado a Europa Press que el acuerdo data del año 2001, cuando Dancausa «no era ni delegada ni concejal del Ayuntamiento de Madrid». También han apostillado que el acuerdo extrajudicial lo firma en 2013 quiera era hasta hace unos días la coordinadora general de Economía y vicepresidenta de Mercamadrid, Dolores Flores.
Por otro lado, el concejal Sánchez Mato ha explicado que si la empresa pública rescindiera el contrato a 20 años «tendría que abonar la totalidad del mismo hasta 2032» aunque ha remarcado que daría igual que fuera un contrato blindado si se determina que hubo una actuación ilegal a la hora de formalizarlo.
El equipo de Gobierno ha puesto en marcha la correspondiente investigación para determinar no sólo la lesividad al interés patrimonial sino si también se ha producido alguna «actuación delictiva», además de una «mala gestión».