El Pleno del Patronato de la Real Fábrica de Tapices ha acordado iniciar la solicitud de un concurso de acreedores al haberse agotado todos los plazos legales para la resolución de la deuda que arrastra la Fundación y que ha provocado que sus trabajadores lleven meses sin cobrar.
El Gobierno local ha explicado, precisamente, que «conscientes» de la demora que puede llevar aparejada la admisión a trámite del concurso, las tres administraciones públicas presentes en el Patronato –Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid– se han comprometido a realizar aportaciones económicas adicionales «tan pronto como sea posible para revertir la situación y asegurar tanto el pago a los trabajadores, como la continuidad del funcionamiento de la Real Fábrica de Tapices».
Para ello estas administraciones impulsarán antes del fin de semana una reunión con las entidades bancarias que sostienen la deuda para evaluar la aportación económica que deben realizar, y se creará un equipo de gestión de crisis compuesto por funcionarios competentes de las tres administraciones.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ven necesario un «cambio de rumbo» en la gestión de la Real Fábrica y basarse en «un plan de viabilidad que permita encauzar una fábrica productora de un tipo de bien cultural único en el mundo». Este plan ha sido encargado a una consultora que lo realizará pro bono, sin coste alguno para la Real Fábrica.
Por otra parte, en la reunión celebrada ayer la presidenta de la Fundación de la Real Fábrica de Tapices, Mónica de Oriol, ha presentado su dimisión, que ha sido admitida por el Patronato, si bien se ha comprometido a continuar al frente de la Fundación durante un mes para facilitar las gestiones necesarias en este periodo.