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Según las inspecciones realizadas por técnicos del Ayuntamiento de Madrid, los túneles de la M-30 reflejan errores impropios de una infraestructura de diez años. Unos vicios que, por ahora, no suponen peligro para la infraestructura.

Errores tanto de ejecución -cuando se hizo la obra- como sobrevenidos que el Gobierno de Manuela Carmena exigirá que sean sufragados por las empresas constructoras.

La reparación y pago de dichos vicios corresponde legalmente a las empresas constructoras al no haber finalizado el plazo de quince años desde que se recepcionó la obra. Nos enfadan las chapuzas, pero más que hubiese cualquier tipo de disputa por quién tiene que abonarla. Primero arreglar y luego litigar. 


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