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El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado este viernes en el juzgado contencioso-administrativo número 19 la demanda contra el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, y que entró en vigor en febrero de este año, donde incluye cierres al tráfico en el centro en el peor de los escenarios, por vulnerar los derechos de los ciudadanos a circular libremente por el territorio nacional, recogidos en los artículos 19 y 139.2 de la Constitución Española.

Así lo ha señalado el alcalde del municipio, David Pérez, por la amenaza efectuada de Manuela Carmena, quien ha destacado que “en ningún momento nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para evitar llegar a los Tribunales”.  Pérez aseguró que “son miles los ciudadanos los que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la región, especialmente del sur de la Comunidad de Madrid”.

El municipio de Alcorcón está conectado con la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, vía afectada por las restricciones al tráfico que podría imponerse en los peores escenarios contemplados ante altos niveles de polución.

“No estoy dispuesto a que la alcaldesa de la capital vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de poder circular libremente por las carreteras madrileñas”, ha aseverado Pérez, y ha recordado que el cierre de estos accesos “generaría un problema muy serio y causaría el llamado efecto frontera, es decir, que la decisión que tome Carmena afectaría a las localidades limítrofes y sufriríamos consecuencias económicas, de sobre carga de tráfico, colapso circulatorio, entre otras”.

El Ayuntamiento de Alcorcón cosidera que las medidas contenidas en el protocolo actual de contaminación del Ayuntamiento de Madrid, aparecen, supuestamente, basadas en la normativa de circulación y la medioambiental, aunque solo de modo aparente, ya que discrepa de su correcta aplicación puesto que es otro el sentido de esta norma.

“Es por ello, por lo que se origina un exceso no querido por la normativa a la hora de generalizar la restricción de la circulación a todos los vehículos sin que se discrimine a los vehículos más contaminantes, tal y como busca la normativa aludida”, aseguran desde el Consistorio.

Además, el ayuntamiento alcorconero también expone en su denuncia que la M-30 o Calle 30, antigua carretera con titularidad estatal, que, aunque haya sido cedida a la entidad local, en este caso la Comunidad de Madrid, goza de la condición de carretera integrada en la red autonómica de carreteras y es dudoso que una institución local pueda adoptar decisiones de modo unilateral, sin contar con el consentimiento del titular, que en este caso es la Administración regional.

“Si, finalmente, el Ayuntamiento de Madrid aplicara esta decisión de cerrar al tráfico de vehículos el acceso a la capital, los perjuicios económicos que esta medida conllevaría ser indemnizadas por la Administración pública que la llevara a cabo”, recuerdan: “Por eso, cualquier persona o grupo de personas podría y estaría en su derecho de denunciarlo y pedir una indemnización por daño efectivo evaluable económicamente, como ya ha sucedido en otras localidades de España, como en Burgos”.

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