La Comunidad de Madrid pronto va a contar con una nueva Ley del Suelo. El Gobierno ha hecho su parte, ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo y ya lo ha remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
Es ahora el turno de los grupos parlamentarios. Son ellos quienes, a través del debate y votación de las enmiendas, han de procurar la aprobación de una Ley que cuente con el mayor consenso posible. Ojala lo alcancen antes del verano para que la Ley pueda desplegar sus efectos más pronto que tarde.
El texto que presenta el Gobierno regional es fruto de un trabajo intenso desarrollado durante más de un año. Mes tras mes se han venido reuniendo dos mesas de dialogo, una Mesa Técnica y otra Política, a la que han sido invitados todos los agentes implicados en el sector así como los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid.
En total, han participado más de medio centenar de representantes de la sociedad civil y el asociacionismo madrileño y municipal. Entre ellos, la Federación Madrileña de Municipios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, la Asociación de Promotores Inmobiliarios Públicos de Vivienda, catedráticos de geografía física y sociología, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Madrid Foro Empresarial y diversas asociaciones relacionadas con el urbanismo a nivel internacional.
Si el dialogo y la participación han sido las herramientas a través de las cuales se ha elaborado el proyecto, bueno será que los grupos parlamentarios continúen la tarea y se esfuercen en culminar la fase parlamentaria con un texto que sea respaldado con el mayor grado de consenso posible.
El proyecto ha logrado dos objetivos a los que el Gobierno regional no quería renunciar: una ley que simplificara los trámites urbanísticos y que fuera capaz de adaptar el planeamiento a cada municipio en función de sus características. De este modo, todos los municipios salen beneficiados cualquiera que sea su ubicación geográfica o tamaño.
En este sentido, el proyecto incorpora una novedad importante para los municipios de menos de cinco mil habitantes que quieran desarrollar actuaciones en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos. En estos casos, van a poder optar por un Plan General Simplificado más flexible y ágil que el Ordinario cuando el presupuesto no supere los seis millones de euros.
También las medianas y grandes ciudades van a contar con nuevos instrumentos que permitan un desarrollo urbano sostenible basado sobre todo en la rehabilitación y la regeneración urbana. De este modo, van a tener a su alcance programas municipales de actuación sobre el medio urbano, cuya elaboración será voluntaria, que van a permitir que las alteraciones del planeamiento necesarias para desarrollar y ejecutar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se incluyan en los mismos sólo requieran la aprobación de planes especiales, sin que sea necesario modificar el planeamiento general como ocurría hasta ahora.
Junto a esta búsqueda en la simplificación de los trámites, la Ley impulsa también la transparencia, la participación ciudadana y el acceso de los ciudadanos a la información urbanística.
En definitiva, lo que el proyecto de Ley pretende es abrir el urbanismo a todos los madrileños y hacerlo plenamente transparente y participativo. Una nueva Ley del Suelo para el siglo XXI está en ciernes.