En la Comunidad de Madrid existe una prestación económica conocida como Renta Mínima de Inserción, a la que frecuentemente nos referimos a través de sus siglas, RMI, que puso en marcha el Partido Popular en 2001 y que desde entonces, siempre con Gobiernos autonómicos del PP, ha venido creciendo de forma significativa en cuantía y en abanico de destinatarios.
Está destinada a las familias madrileñas que carecen de ingresos y otros medios para atender sus necesidades básicas. Y su objetivo es, a más de aliviar la difícil situación que padecen dichas familias, promover su inserción social y, deseablemente, su incorporación al mercado laboral como vía más conveniente para obtener recursos.
Percibir la Renta Mínima de Inserción es un derecho subjetivo de carácter indefinido para todo madrileño que esté en situación de necesidad, lo cual quiere decir que la RMI se puede percibir en forma ininterrumpida mientras dure dicha situación. Esto no es así en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, en las que la vigencia de la prestación que nos ocupa, o su equivalente, está limitada a un periodo comprendido entre 6 y 60 meses. Por ejemplo, Andalucía, gobernada por el Partido Socialista desde hace largo tiempo, no cuenta con una renta mínima garantizada por ley, como ocurre en la Comunidad de Madrid; allí existe un Ingreso Mínimo de Solidaridad que se percibe durante un máximo de seis meses y, pasado ese tiempo, el perceptor tiene que esperar otros seis meses para solicitarlo nuevamente.
El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya vocación de orientar sus actuaciones directamente al bienestar de las personas está fuera de duda después de los dos años que Cristina Cifuentes lleva presidiendo nuestra región, ha aumentado el importe que reciben los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción y ha agilizado el procedimiento para percibir ésta.
En las Cuentas de la Comunidad para el presente año, 2017, el presupuesto destinado a la RMI ha crecido un 34%. A esto se le añade que el dinero destinado a prevenir o revertir la exclusión social ha aumentado un 27%. Y la partida general de la Consejería de Políticas Sociales y Familia se ha incrementado un 7%. Todo ello pone de manifiesto el compromiso de procurar buena calidad de vida a los madrileños por parte del Partido Popular, que destina nueve de cada diez euros de los Presupuestos regionales a políticas sociales y refuerza esa labor con otra que también es fundamental para el bienestar de la ciudadanía: la creación de empleo.
Quienes perciben en la Comunidad de Madrid la Renta Mínima de Inserción pueden beneficiarse, además, de otros muchos apoyos que el Gobierno de Cristina Cifuentes financia y con los que la RMI es compatible.
Madrid es la única región de España donde la atención pública a las personas con discapacidad es gratuita, y además cuenta, desde hace dos meses, con una Nueva Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad 2017-2021.
En materia de transporte, existe un Abono Joven con tarifa plana de 20 euros al mes, válido para desplazarse por toda la región. Y las tarifas del transporte público están y van a estar congeladas hasta el final de la Legislatura, en 2019.
Hay una tarifa social de agua con un coste de 4 euros al mes para perceptores de la Renta Mínima de Inserción y de pensiones no contributivas. Y las tarifas también están congeladas desde 2016.
En materia de Educación destacan, entre otras iniciativas, una rebaja del 20%, que subirá al 25% el próximo curso, en los precios de las escuelas infantiles; también una rebaja del 20% en las tasas universitarias; un aumento de un 15% en becas y ayudas al estudio; la apertura de 160 comedores escolares en periodo vacacional; y una nueva partida de becas de universidad puesta en marcha este curso para los alumnos en situación difícil que no hayan podido acceder a las ayudas del Ministerio.
Desde el inicio de la Legislatura se han entregado cerca de 1.600 viviendas sociales públicas, superando el compromiso electoral de la Presidenta Cristina Cifuentes, que era de 1.200. Y se ha creado un Parque de Emergencia Social que tendrá al menos 300 viviendas. Además el Gobierno tiene el compromiso de no desahuciar a ningún inquilino de la Agencia de Vivienda Social por falta de pago. Las familias a las que no les es posible hacer frente a sus pagos pueden solicitar una reducción de renta, y así ocurre actualmente en una de cada tres viviendas, buena parte de las cuales tienen un alquiler de menos de 100 euros al mes.
Todo eso, y otra extensa batería de iniciativas que conforman la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021, existe en la Comunidad de Madrid, a más de la Renta Mínima de Inserción. Y hoy ésta es noticia porque la Consejería de Políticas Sociales y Familia está promoviendo una reforma de la misma para mejorar la “inserción” a la que alude su denominación. Porque si bueno es ayudar con una renta básica a las personas que carecen de ingresos, mejor es abrirles las puertas de su plena integración en la vida social, particularmente en la actividad laboral.
El riguroso estudio sobre la Renta Mínima de Inserción llevado a cabo por la Consejería sugiere la conveniencia, entre otras cosas, de segmentar a los perceptores y fomentar su formación ocupacional, puesto que la experiencia laboral de una proporción significativa de ellos corresponde a sectores en los que hay escasas oportunidades de empleo. Y son ambas medidas cabales desde un punto de vista sociológico, por su vocación de adaptar la cualificación de la población madrileña a la estructura productiva de presente y de futuro.
Confiemos en que, si se llevan a cabo, aumenten la utilidad social de la RMI y coadyuven al objetivo al que, junto al de atender a quienes lo necesitan, está entregada Cristina Cifuentes desde que ostenta la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid: el fomento del empleo.