El Ayuntamiento de Boadilla del Monte subsanará el defecto formal por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo de Pleno de aprobación del Presupuesto del año 2014 llevando al Pleno Municipal un acuerdo mediante el que se incorporarán formalmente al expediente los informes previos referidos en la sentencia.
Un grupo de la oposición presentó una demanda solicitando la anulación de las cuentas municipales del citado año en base a seis puntos, cinco de las cuales han sido desestimados por el TSJM. Sí admite el Tribunal un sexto argumento según el cual no se acreditaba fehacientemente que las previsiones de ingresos fueran razonables y no se incluían estudios previos que acreditaran la nivelación presupuestaria (suficiencia de ingresos para hacer frente a los gastos).
Ante este argumento, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte aclara los siguientes aspectos:
– Los informes previos existían y fueron elaborados por las áreas de Gestión Tributaria, Urbanismo y otras que gestionan ingresos. Al no ser preceptivo hacerlo, no se incluyeron en el expediente elevado al Pleno para su aprobación si bien están incorporados desde el principio en el expediente presupuestario, aspecto del que el TSJM ha tenido conocimiento por los recursos presentados.
– El Tribunal de Cuentas en el informe realizado a petición del TSJM dice lo siguiente: «de la lectura del informe económico-financiero debe deducirse sin dificultad que los ingresos presupuestados son una estimación razonada que se fundamenta en cálculos oportunos y coherentes caracterizados por su racionalidad y coherencia». Y expresa en las conclusiones que «en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Boadilla del Monte correspondiente al ejercicio de 2014 se han cumplido las condiciones de nivelación presupuestaria efectiva».
– El cálculo de los ingresos era el correcto, tal como corrobora la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014, con 9,2 millones de euros de superávit y un remanente de Tesorería para gastos generales de 11 millones de euros. En ningún momento se puso en riesgo la prestación de servicios o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras; se ha continuado pagando a los proveedores en menos de 30 días y el Ayuntamiento continua con deuda comercial cero.
