El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este miércoles que la plataforma estadounidense Uber es un servicio de transporte al que se puede exigir licencia y otras autorizaciones para prestar servicio en los Estados miembros.
De este modo, el Tribunal refrenda las conclusiones del abogado general de la institución, Maciej Szpunar, quien el pasado mes de mayo señalaba que, a pesar de ser un «concepto innovador», la plataforma digital pertenece al ámbito del transporte y, por tanto, «no se beneficia del principio de libre prestación de servicios» que las normas comunitarias garantizan al campo de la Sociedad de la Información.
Uber considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE «no cambia en nada» su operativa en la mayoría de los países de Europa en los que está presente, según indicó un portavoz de la compañía.
La firma coincide en la necesidad de regular los servicios como los que presta la empresa y, por ello, manifiesta su disposición a «continuar dialogando con los países y las ciudades de toda Europa».
LOS TAXISTAS PIDEN INSPECCIONES
Los taxistas han solicitado que la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña inspeccionen los servicios que Uber ha prestado en estas regiones desde 2014 para determinar si cuentan con autorización para realizar servicios de transporte, tal como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE dice que deben tener.
Fedetaxi, principal patronal del gremio, calcula que en caso de que la compañía no contara con esta autorización, los gobiernos regionales deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces.
«Se trata de una cantidad con la que, por ejemplo, se solucionaría gran parte del déficit público de las comunidades autónomas», indicó en un comunicado el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.
«Si los gobiernos autonómicos actúan como deben, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar tendría un efecto cero en la economía nacional, lo que además supondría un mensaje para todas las multinacionales de la falsa economía colaborativa», añade Leal.
Por ello, tras el fallo del TUE, esta asociación llamó a que Madrid y Cataluña «procedan de forma urgente e inmediata a revisar todos los servicios que Uber haya operado en los últimos años» para verificar si han cumplido con los requisitos legales como empresa de transporte que son según el tribunal europeo.