Ya estamos en 2018. Un año en el que parece, de entrada, que no habrá elecciones. No hay en el horizonte votaciones europeas, ni municipales, ni autonómicas, ni generales. Claro, todo eso suponiendo que lo de Cataluña se encauce por las vías constitucionales y que Rajoy no haga balance y recuento de probabilidades y saque la conclusión de que le trae cuenta adelantar las elecciones generales. No parece probable, aunque estas cosas de la política las carga el diablo.
Se me ocurre que los partidos políticos en el gobierno y la oposición, acá o allá, en Comunidades, Ayuntamientos, diputaciones o gobierno central, sin los nervios de la elaboración de candidaturas y las premuras del titular periodístico, podrían aplicarse a dar solución a esos problemas que la preocupación por ganar votos impide abordar.
Cuentan con empleados públicos excelentes que se ocupan del urbanismo y la vivienda, de la salud, la educación, los servicios sociales, la atención a las personas dependientes, el medio ambiente, de impartir justicia, perseguir la corrupción, proteger la seguridad ciudadana. Cuidan todas esas cosas que hacen que cada día se nos llene de vida, o que, por el contrario, nos sintamos desatendidos y alejados de aquellos a quienes elegimos para velar por el bien común.
Pero estos empleados públicos se encuentran muy mermados en sus efectivos tras la crisis, con medios y recursos cada vez más escasos. Lo notan nuestros mayores y quienes necesitan de la sanidad pública. Lo notamos en el fracaso escolar y en el abandono temprano de los estudios. Hasta en la limpieza de las calles lo notamos. Nuestros servidores públicos se ven obligados a trabajar a demanda, sin poder planificar una oferta, en función de las necesidades de las personas.
Sin convocatorias electorales en el horizonte, sería bueno que 2018 se convirtiera en un año de buena, decente y necesaria gestión de las políticas públicas, situando a las personas por delante de los intereses partidarios, electorales, o de los siempre poderosos grupos de presión.