El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez dice que «no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial», en referencia al caso Lezo. Cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.
Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.
El auto es posterior a una primera providencia del pasado verano que sí permitía el facilitar esta documentación y que provocó la polémica con la entrega de las actas, que ha llevado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a tener que comparecer en esta comisión el próximo viernes, 2 de febrero.
En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe «considerando que no resulta procedente entregar la documentación solicitada» y, además, acude al reglamento de la comisión de investigación para «comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub iúdice».
Tras analizar la normativa, se «evidencia claramente que la facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración».
Y todo ello «sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales».
De hecho, añade que esta es la referencia que la normativa contempla para poder trasvasar información al Ministerio Fiscal, «de carácter unidireccional», pues «únicamente ampara la posibilidad de remitir la información recabada por la comisión y plasmada en sus conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones que correspondan».
En la misma línea, el juez abunda en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para señalar que aunque haya juicio oral y «sean públicos todos los actos del proceso», esto no implica la publicidad y entrega de documentos de dicho proceso. Además, añade que las actuaciones judiciales «no son documentos» y que «basta para ello comprobar su regulación en las leyes procesales sobre el lugar de celebración, plazos, tiempos…».
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y JUICIOS PARALELOS
Otra de las razones por la que el juez impide la entrega de documentos en procedimientos sub iúdice deriva del derecho a la presunción de inocencia y teniendo en cuenta que hasta que no hay una sentencia definitiva, el juez «puede anular, por vulneración de derechos fundamentales, elementos probatorios que de estar documentados, su entrega a terceros, en este caso, a la comisión, podrían conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados.
Por otra parte, el juez tiene en cuenta que «muchas de las facultades que la ley otorga a los jueces para la instrucción de las causas penales sólo se justifican por ese interés superior de hacer justicia y perseguir el delito».
«La obtención de elementos probatorios y el acceso a conocimiento de hechos que la ley reserva a sus titulares son permitidos bajo la tutela judicial con esta finalidad», añade, para señalar que el traspaso de documentos o información para un uso distinto al permitido conllevaría una infracción.
En este punto, pone como ejemplo varias actuaciones que supondrían una vulneración de derechos fundamentales de no acordarse por el juez instructor: la entrada y registro en el domicilio de particulares, las intervenciones telefónicas, restricciones a información tributaria o cesión de información por otros países, a través de comisiones rogatorias.
CONTRARIO A LA PROVIDENCIA DE AGOSTO
El juez se pronuncia de manera distinta a la providencia emitida por el juez Fernando Andreu, que el pasado mes de agosto autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma cuestión.
En dicha providencia, fechada el 18 de agosto de 2017, el magistrado que se encontraba en ese momento de forma temporal en el juzgado, indicó que «la petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación».
Precisamente, la polémica surgió hace unas semanas a raíz de conocerse dicha providencia, que llegó a la Comunidad de Madrid el 21 de agosto y que, según explicó el Gobierno regional, se traspapeló y no se tuvo conocimiento de su existencia hasta el pasado 12 de enero. Entonces, el Ejecutivo de Cifuentes cesó a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea.
Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad se había escudado en unos informes de la Abogacía General, en los que se argumentaba la improcedencia del envío de documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.
Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas de toda la oposición, que quería que fuera la propia Cifuentes la que explicara en la comisión de investigación el motivo del retraso en la entrega, donde el PP ha dejado de estar oficialmente desde este pasado lunes.
De hecho, tras varias semanas con vaivenes en las peticiones con la Mesa, tanto de la comisión como de la Diputación Permanente, este viernes comparecerá pero no se le podrá preguntar por esta cuestión porque el motivo de la petición de comparecencia es el papel que tuvo la presidenta madrileña como consejera del Canal durante unos años y para hablar del caso Lezo en términos generales.
CIFUENTES CELEBRA QUE LA JUSTICIA LE HAYA DADO LA RAZÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha celebrado este martes que la justicia le haya dado la razón con el asunto de la entrega de las actas del Canal Isabel II a la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea frente a las «mentiras del tripartito de la oposición».
«La Justicia da la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid frente a las mentiras del tripartito de la oposición», ha señalado en twitter la dirigente madrileña tras conocer el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que concluye que no procede la entrega de dichas actas, relacionadas con el caso Lezo.
Desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se han pronunciado en términos similares y han señalado que tras el «linchamiento, más de uno debería empezar a pedir disculpas» a Cristina Cifuentes. En la misma dirección, lo ha hecho el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que cree que la oposición tiene que pedir perdón por sus «mentiras».
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, se ha preguntado si «nada tienen que decir» los portavoces de la oposición de las actas del Canal, en referencia a Ignacio Aguado (Cs), Ángel Gabilondo (PSOE) y Lorena Ruiz-Huerta (Podemos).
«No veo que hayan corrido como de costumbre a los medios cuaando toca azuzar al PP de Madrid. Ahora que toca pedir perdón, se han quedado mudos», ha considerado Ossorio.
LA MESA DE LA COMISIÓN SE REUNIRÁ ESTE MIÉRCOLES
La Mesa de la Comisión de Investigación de Corrupción Política de la Asamblea de Madrid se reunirá este miércoles, a las 12 horas, tras conocer el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que, en contra de una primera providencia del magistrado Fernando Andreu, no autoriza la entrega de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han explicado que la Mesa se vuelve a reunir, teniendo en cuenta que este mismo viernes, 2 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está citada a comparecer en la comisión para tratar el caso Lezo. Aunque en un principio se había fijado a las 14 horas, la han adelantado a mediodía.
De hecho, aunque no se la podrá preguntar sobre esta cuestión, su segunda comparecencia en este órgano viene motivada por la polémica que se creó cuando se conoció que hace casi cinco meses el juez Andreu había permitido a la Comunidad la entrega de las actas del Canal a la comisión, como había pedido, en concreto, la oposición.
Tras varias semanas con reuniones de la Mesa de la comisión y de la Diputación Permanente y con el abandono del Partido Popular de dicha comisión entre medias, finalmente Cifuentes está citada a comparecer dentro de dos días por su papel como consejera en el Canal de Isabel II durante los años en los que ella estaba de delegada del Gobierno en Madrid.
Ahora los integrantes de la Mesa, cuya presidenta es del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tendrán que analizar de qué manera este nuevo auto del juez modifica la situación teniendo en cuenta que concluye de una manera contraria a la primera decisión: no se autoriza la entrega de documentación.
Mientras tanto, desde el PP han instado a los grupos de la oposición a que pidan «perdón». El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha indicado en Twitter que «la verdad siempre resplandece» y que ahora sólo queda que tanto Cs, como PSOE y Podemos pidan disculpas «por sus mentiras».
PSOE ANALIZARÁ EL AUTO
El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid analizará el nuevo auto para no caer en «interpretaciones gratuitas y precipitadas» como en, su opinión, ha hecho el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.
Así contestaba la portavoz socialista en esta comisión, Encarnación Moya, después de que Garrido, tras conocer este nuevo auto, señalara que la oposición (Ciudadanos, PSOE y Podemos) tiene que pedir «perdón» por sus «mentiras» sobre esta cuestión.
En declaraciones a Europa Press, Moya ha indicado que hace apenas unas horas han conocido el auto, «filtrado de manera interesada por el Gobierno regional» y que ahora tienen que analizarlo «con tranquilidad, viendo qué es lo que el juez quiere decir y no haciendo interpretaciones gratuitas y precipitadas como ha hecho el consejero».
«Se le nota mucho el nerviosismo ante la perspectiva de que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, comparezca», ha dicho, para añadir que habrá que ver qué dice el juez y si, concretamente se refiere a documentación administrativa o la requerida a los tribunales.
Y es que, como ha indicado, desconocen que pidió Garrido exactamente al Consejo General del Poder Judicial. «No lo conocemos nadie, y en función de eso el juez se pronuncia», ha indicado, en la misma dirección que ha apuntado el Grupo de Podemos, que entiende que el magistrado no se refiere a que el Gobierno pueda o no facilitar las actas sino al propio juez.
LA INTERPRETACIÓN DE PODEMOS
El portavoz de Podemos en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, Miguel Ongil, ha asegurado que el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, no se ha pronunciado sobre si el Gobierno regional pude entregar a la comisión las actas del Canal de Isabel II, sino sobre si él como magistrado puede facilitarlas en un proceso aún bajo secreto de sumario.
«En el auto dice que él no las va a dar, no que el Gobierno no las pueda dar», ha resaltado Ongil en declaraciones a Europa Press, tras el auto de Castellón en el que dicta que la Comunidad de Madrid no puede entregar estas actas como solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
El portavoz de la formación morada ha proseguido explicando que el juez «no puede negar información que no le hemos pedido». «Nosotros solicitamos al Gobierno que nos entregara las actas, no al juez», ha reiterado Ongil, quien ha apostillado que, en cualquier caso, las actas «deberían ser públicas» y que son «previas a la apertura de la causa y, por tanto, al secreto de sumario».
En este sentido, el dirigente de Podemos ha defendido que la funcion de un juez instructor «no es hacer de mediador entre poder legislativo y ejecutivo».
Por otra parte, Ongil ha sostenido que este auto les parece «compatilbe y complementario» con la providencia emitida por el juez Fernando Andreu el pasado mes de agosto, en el que autorizaba la entrega de documentación después de que el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de entonces, Enrique Ruiz Escudero, se dirigiera al juzgado planteando la misma cuestión.