El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid ha declarado «no ajustado a derecho» el cese de la que fuera interventora general del Ayuntamiento de Madrid Beatriz María Vigo y decreta que se la reincorpore a su puesto.
Además, expone que la reincorporación se produzca con el abono de las «diferencias retributivas dejadas de percibir y con todos los efectos administrativos inherentes a dicho puesto de trabajo». La magistrada expone que la decisión de sustituirla adolece de «falta de motivación».
Así lo detalla el juzgado en una sentencia, adelantada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, al estimar los recursos planteados ante el cese por la propia afectada y por la Abogacía del Estado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de junio de 2016 donde se acordó el cese. Contra la resolución existe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El fallo judicial detalla que la resolución impugnada «no se encuentra motivada» y que los razonamientos ofrecidos por el Consistorio para justificar este relevo «adolecen de una enorme inconcreción».
A su vez, indica que el Ayuntamiento argumentó que el cese se debía a razones técnicas y que se pretendía «reforzar» los sistemas de control interno de la actividad municipal y «para ello desea que la Intervención realice además de las funciones esenciales establecidas para el control y fiscalización que desempeñe otras adicionales de asesoramiento».
Con este fin aludía al objetivo de lograr un control económico presupuestario «más riguroso» y a la renovación de la actuación de la Intervención al dotarla de funciones adicionales de asesoramiento y de control financiero, así como que las auditorías se realizaran «internamente y no mediante contratación externas».
«En ningún momento se hace referencia concreta a qué nuevas funciones de asesoramiento se van a atribuir a la persona que ocupe el cargo de Interventor, ni qué concretas medidas se pretenden adoptar de control financiero, porque como expone la Interventora General al tiempo de sus alegaciones, y como hemos visto en la disposiciones legales aplicables, las funciones concretas de la Intervención vienen descritas en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987 pormenorizando lo que comprende la función de control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria, y dentro de estas funciones específicamente atribuye las funciones de asesoramiento al imponer la emisión de informes, dictámenes y propuestas que en estas materias le han sido solicitados», recoge la sentencia.
En este sentido, la magistrada expone que «no es un hecho negado» que dichas funciones «ya las venía desempeñando la interventora cesada». «Se habla de necesidades técnicas y organizativas, de la ampliación de las funciones de control, financiero y asesoramiento y que ello precisa una reorganización de la estructura y organización de la Intervención de acuerdo con el cambio de misión y visión que la nueva Corporación quiere imprimir a la Intervención. Pero no se especifica en qué va a consistir esta nueva reorganización del órgano», prosigue el fallo judicial.
A su vez, la titular del juzgado asegura que junto a «estas generalidades que pretenden justificar la existencia de ese interés general», la resolución «sí hace constar» las circunstancias personales y profesionales de la que fuera interventora «pero ello, de tal manera expuesto, que no es posible inferir donde radica la justificación subjetiva, ya que se expone que «el órgano (la Intervención General) ha desarrollado los sistemas de control interno con «absoluta profesionalidad y objetividad», en relación a las funciones de asesoramiento que se aluden por el Ayuntamiento.
En este sentido, se recogen afirmaciones del Consistorio en relación a esta decisión de cese en las que se alude que la resolución recoge términos que aluden a la «extensa trayectoria profesional», su «amplia capacitación» y su «entrega en el desempleo del puesto» de la afectada.
También se señala en la sentencia que el Consistorio remarcó que no se cuestionaba «en ningún momento su aptitud profesional» para el desempeño del puesto sino que se introducían nuevas funciones en la labor de Inspección, enfatizando a su vez que «no han existido obstáculos ni reparos a la gestión municipal».
«Lógicamente después de tan favorable criterio hacia la actuación de doña Beatriz María Vigo en ningún momento se expresa que se haya pérdida la confianza en ella», insisten la magistrada a la hora de fundamentar su decisión.
El cese de la interventora municipal generó críticas del PP en el Consistorio, que consideraba que Ahora Madrid pretendía «politizar el trabajo de la intervención del Ayuntamiento», como manifestó entonces el edil popular Íñigo Henríquez de Luna.
El PP aludió en su día a que el cese de la que fuera interventora se producía cuando el Ministerio de Hacienda había emitido un dictamen desfavorable a este relevo. Por su parte, fuentes municipales explicaron entonces que el informe era preceptivo pero no vinculante.
EL GOBIERNO DE CARMENA RECURRIRÁ
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid, que ha declarado no ajustado a derecho por falta de motivación el cese de la que fuera interventora general del Ayuntamiento de Madrid Beatriz María Vigo y decreta que se reincorpore a su puesto.
Fuentes municipales han indicado que cabe recurso de apelación en 15 días ante el TSJM, plazo en el que se presentará. También recuerdan que existen sentencias contradictorias sobre el grado de motivación que exigen los ceses de estos funcionarios habilitados nacionales.
La portavoz de Cs de Transparencia, Silvia Saavedra, ha felicitado en el Pleno a la exinterventora por una sentencia «que le da la razón porque fue cesada sin motivo legal alguno». Su homólogo en el PP, Percival Manglano, ha cargado también contra Ahora Madrid. «La Justicia les ha vuelto a untar el morro con estas cuestiones», ha declarado desde su escaño.