Citados también dos asesores en el Ayuntamiento de Cartagena de la senadora ahora en el Grupo Mixto
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer ha citado el próximo día 1 junio al presunto ‘conseguidor’ de la trama Púnica Alejandro de Pedro en calidad de testigo en la causa que instruye contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro por delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos en la rama murciana del caso.
El empresario ha sido citado a las 10.30 horas del 1 de junio para declarar y media hora antes lo hará por videoconferencia el periodista Isaac Vaquer, que quedo sin declarar tras ser citado el pasado 11 de mayo junto con otros testigos en la causa, han señalado fuentes del Supremo. El día 8 de junio la magistrada del alto tribunal seguirá con las testificales del caso y para ello ha citado al que fuera jefe de gabinete de la alcaldesa Francisco de Asís Ferreño y la funcionaria María del Mar Conessa.
A todos ellos ellos, menos a Vaquer, se les ofrece la posibilidad de acudir con abogado de confianza dado que todos ellos están imputados en la causa que se instruye por la trama Púnica en la Audiencia Nacional.
IMPLICACIÓN DE LOS CITADOS
En la exposición de motivos que remitió al Supremo el juez Eloy Velasco, que instruía este caso antes de su ascenso a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, se afirmaba que la exalcaldesa del PP en la ciudad murciana participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, ahora citados, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de la ahora senadora la apoyaron y encubrieron «enmascarando» el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto.
Las citaciones se realizan pese a que la Fiscalía solicitó ya el pasado 15 de marzo el archivo de las actuaciones contra la senadora del PP «al no haber resultado debidamente justificada» la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.
Concretaba que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales -trabajos de reputación contratados con las empresas de Pedro- fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación. Además, de confirmarse esta hipótesis, el asunto sería pagado por el PP tal y como confirmó el presidente regional de este partido Francisco Celdrán.
La senadora declaró el pasado 15 de enero en el Supremo , donde negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro –considerado el conseguidor de la trama Púnica– para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP. Tras estas diligencias se produjo la petición de la Fiscalía.
En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros –que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención–. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.