López Madrid no recuerda a qué ‘Nacho’ se refirió en su agenda pero dice que no era ni González ni el testaferro de Granados
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha afirmado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama ‘Lezo’, Manuel García Castellón, que no pagó al exmandatario madrileño Ignacio González una comisión de 2,5 millones de dólares para adjudicarse el proyecto del tren de Navalcarnero en 2007 aunque ha mostrado sus sospechas de que alguien desvió esa cantidad desde dentro de la multinacional en beneficio propio, sin ofrecer más detalles al respecto.
Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, el empresario ha insistido ante el juez instructor en calidad de investigado que desconoce quien dio la orden de pago de dos transferencias (una de 1 millón de euros y otra de 1,5 millones) de la que habría sido beneficiario presuntamente el cabecilla de la trama y que él se enteró de que se produjo este abono en mayo del año 2017 a raíz de una investigación interna dentro del grupo.
Las mismas fuentes han explicado que el expresidente de la constructora ha asegurado que la adjudicación del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles en 2007 fue a parar a OHL porque presentó la mejor oferta y era indudable que tenía que ser la adjudicataria, ahora bien, ha negado el pago de mordidas y comisiones y ha defendido la transparencia de la operación.
En esta segunda declaración ante el juez que investiga presuntas irregularidades del Canal de Isabel II, Villar Mir ha explicado que el proyecto fracasó debido a que la Comunidad de Madrid cambió las condiciones del mismo tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento. También ha dicho que la crisis económica influyó en que no se llevara a cabo la construcción del ramal ferroviario.
OHL, EL PRINCIPAL PERJUDICADO
La fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, le ha preguntado específicamente por los detalles de la transferencia efectuada desde México a una cuenta en Suiza de la compañía Pañamena Lauryn Goup y si su destinatario era Ignacio González o cualquier otro funcionario de la Comunidad de Madrid. El empresario ha respondido que desconocía a quien iba dirigida la operación y que la principal perjudicada con la misma ha sido la constructora que presidió hasta 2016.
Por su parte, el empresario Javier López Madrid, citado también para este jueves, ha vuelto a negar tener conocimiento alguno del presunto desvío de fondos desde la multinacional a cambio de adjudicaciones públicas y ha dicho que en aquella época no tenía relación alguna con Ignacio González. De hecho, ha matizado que los contactos posteriores que pudo tener con el exmandatario madrileño fue únicamente porque éste estaba «obsesionado» con que Villar Mir le estaba espiando y así se lo hizo saber.
El yerno de Villar Mir ha sido preguntado específicamente por el contenido que él mismo escribió en una de sus agendas en las que anotó ‘darle instrucción a Nacho’ sobre el presunto pago de la mordida. Al respecto ha asegurado que realizó estas anotaciones tras una reunión mantenida con el exdirectivo de OHL Rafael Martín de Nicolás pero que no recuerda a quien se refiere.
MÁS DE 15 AGENDAS
Al hilo ha recordado que en su primera declaración judicial tras su detención en abril del año pasado apuntó que esa anotación hacía referencia a un exalto cargo del departamento de internacional de la compañía pero que, transcurridos tantos años, no recuerda a quien se podía referir. Además ha dicho que tenía más de 15 agendas porque anotaba al detalle todas las operaciones en las que intervenía.
Sí ha negado que ese ‘Nacho’ hiciera referencia a Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados, aunque ha reconocido que formó la sociedad Bustren con este último y con el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada. Precisamente la constitución de esta sociedad, de la que ya no forma parte, se está investigando en la trama Púnica por haberla utilizado para ocultar presuntamente las cuantías obtenidas de los amaños de contratos públicos.
OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto en la que se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares no se obtuvo ningún indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.