MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, ha pedido este miércoles a la alcaldesa, Manuela Carmena, no recurrir la sentencia que condena a la empresa municipal a devolver a un arrendatario de una vivienda de protección oficial los gastos de comunidad dado que en la cláusula del contrato en la que se estableció este concepto no se fijó a cuánto ascendía el importe anual.
El Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid ha condenado a este organismo municipal a devolver la cantidad abonada por el arrendatario en concepto de gastos de comunidad (que asciende a 4.876 euros, más los intereses legales) porque en la cláusula del contrato en la que se estableció este concepto no se fijó a cuánto ascendía el importe anual del mismo, lo que incumple la exigencia del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbano
El letrado de Mejías, Mariano Benítez de Lugo, ha asegurado que el fallo es «estrictamente ajustado a derecho» y que se siente sorprendido por «la actitud de este Ayuntamiento por recurrir».
«El argumento de que tienen que recurrir porque es el dinero de los madrileños es una falacia, porque el dinero que reclamamos es el de unos inquilinos que no deberían haberlo pagado», ha lamentado el abogado, para quien «el Ayuntamiento pierde una ocasión de oro para rectificar lo mal que lo habían hecho los anteriores gestores».
En este sentido ha acusado al Consistorio de pretender «convalidar lo que había hecho el Ayuntamiento de Botella» en lo que concierne a la EMVS. «El derecho del recurso es un derecho pero no es una obligación», ha enfatizado.
Según establece la sentencia, los hechos se remontan al 6 de agosto de 2004 cuando el denunciante como arrendatario y la EMVS como arrendadora suscribieron un contrato de arrendamiento de una vivienda de protección pública al reunir el arrendatario los requisitos económicos exigidos por el Decreto 11/2001 para poder acceder a una vivienda de protección oficial.
En la estipulación 12a del contrato se estipuló que el arrendatario se obligaba a satisfacer mensualmente los gastos correspondientes a los servicios comunes no susceptibles de individualización correspondientes a la vivienda arrendada.
Esto suponía la obligación del arrendatario de abonar la parte proporcional de los gastos de comunidad del inmueble, sin que estos gastos se cuantificaran en el contrato como exige el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Durante la vigencia del contrato y desde noviembre de 2004 hasta noviembre de 2013 abonó por el concepto de cuota de la comunidad la cantidad total de 4.876’66 euros cuya devolución se reclamó en este procedimiento a razón de 4’74 euros mensuales.
La EMVS se opuso a la devolución de las cantidades abonadas por cuotas de la Comunidad de propietarios alegando la excepción de falta de legitimación pasiva «ad causam». Fundamenta esta excepción en el hecho de que a consecuencia de la venta del inmueble ya no es dueña de la finca y el nuevo adquirente se ha subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador.