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MADRID.-Aranjuez.- Una vecina con una lesión medular asegura que no puede salir a la calle porque no acondicionan el ascensor

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Una vecina de Aranjuez Ana María Martínez González, que presenta una lesión medular, ha denunciado ante el Fiscal de Alcalá de Henares que no puede salir a la calle porque la comunidad de vecinos de su edificio en la Calle Foso se «niegan» a acondicionar el ascensor.

Martínez envió una carta a la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, y ésta le hizo llegar la misiva al Fiscal. En ella, aseguraba que los vecinos al contrario de «facilitarle» las cosas se «ríen de ella invitándole a que denuncie a la Comunidad porque haga lo que haga no van a ceder».

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Debido a su discapacidad, Martínez tiene que hacer uso de una silla de ruedas eléctrica. Además, requiere de la ayuda de otra persona para poder realizar la mayoría de las actividades del día a día.

Actualmente, vive con sus padres, y dado que presentan «limitaciones» de salud por su avanzada edad, no pueden ayudarle en diversas tareas de higiene en el baño o las transferencias de una área a otra de la casa. Es por ello que necesita de una tercera persona, que acuda al domicilio en horas concretas del día para ayudarla a realizar las necesidades cotidianas.

Según explica la afectada en su carta, ella y su familia residen en un piso en la planta baja, pero para poder llegar a su destino tiene que subir unos escalones que, por su condición, «son imposibles de salvar».

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Para que pueda acceder a su vivienda de «forma independiente», es necesario «que se realicen modificaciones en el edificio para conseguir tal fin, llevando tres años reclamando la realización de las mismas.

A su juicio, «dado que ni los vecinos ni la alcaldesa de la ciudad, Cristina Moreno, mostraron interés en buscar soluciones», con ayuda de la asociación Asociación de personas con Lesión Medular de Madrid (ASPAYM), han buscado «posibles opciones junto a diferentes presupuestos, recibiendo asesoramiento de profesionales en instalaciones eléctricas, arquitectos».

Después de todas las consultas, han determinado que «la única solución viable» es la ampliación de la cabina de uno de los ascensores. Ante esta situación, según describe en la misiva, los vecinos llevan «todo este tiempo negando llevar a cabo esta acción» y el administrador de fincas que gestiona la comunidad «no apoya como debería» su situación.

SOLUCIÓN VECINAL: APERTURA DE UNA FACHADA

Asimismo, en la misiva la afectada asegura que los vecinos le han indicado que aprobarían «la apertura» de una de las fachadas del edificio, entrada por el salón de la vivienda o por el dormitorio, para que, de este modo Martínez pudiera entrar a su casa «sin necesidad de pasar por el portal».

Pero, después de que consultara a diversos profesionales sobre estas soluciones, se encontraron con que los arquitectos «no dieron su aprobación para realizar la entrada por el salón de la vivienda por motivos técnicos y, en el caso de modificar su habitación, esto implicaría disminuir el tamaño de la misma», teniendo que dormir Ana María «en una litera o sola».

De hecho, según alegan, «la discapacidad que presenta Martínez es física, no sensorial ni cognitiva», por lo que «está en plenas facultades de tomar decisiones, opinar, valorar la situación e incluso actuar a nivel legal si así fuese el caso».

LA LEY

El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que aborda este tipo de conflictos, dice que es de «carácter obligatorio» para la comunidad de vecinos «suprimir barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de propietarios con discapacidad o propietarios que tengan más de 70 años».

Pero, la exigencia de aceptar estas obras, en principio, solo cabe «si el importe de las mismas no supera las 12 mensualidades de gastos ordinarios, descontadas las subvenciones o las ayudas públicas».

En caso que la «derrama» supere la cuota de 12 meses (descontadas las posibles ayudas públicas), entonces podría ser que el solicitante se pueda hacer cargo del resto de los gastos o si la comunidad en la Junta aprobase la instalación del ascensor, en este caso, por «mayoría del total de propietarios y cuotas de participación». Así, «el coste de las obras vinculará a todos los propietarios, hayan votado a favor o en contra».

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