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MADRID.-El alcalde de Villaviciosa de Odón denunciado por Fiscalía declara el viernes como investigado por prevaricación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha citado a declarar como investigado este viernes, 29 de junio, al alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz (PP), por delitos de prevaricación, ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad y falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en la concesión de licencia de una finca de Pescaderías Coruñesas para la celebración de bodas.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez admite a trámite una querella presentada por el partido político Vox contra el regidor, el administrador de Pescaderías Coruñesas y la empresa.

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Se trata del mismo caso del que la Fiscalía de Móstoles ha presentado una querella contra el alcalde y cinco de sus ediles por delitos simulares.

En la parte dispositiva, el juez de Móstoles acuerda que se acumule la querella a unas diligencias incoadas con anterioridad sobre los mismos hechos en relación a cinco ediles del Equipo de Gobierno.

En el auto se informa de que están señalada para este viernes a las 09.30 horas la declaración de José Jover Saz en calidad de investigado y la declaración del secretario general del Ayuntamiento a las 10.30 horas en calidad de testigo.

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Además, está previsto para el próximo día 10 de septiembre a las 10.00 horas las declaración de los concejales citados anteriormente en calidad de investigado.

QUERELLA DE LA FISCALÍA

Recientemente, la Fiscalía de Móstoles ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción decano de Móstoles contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz (PP) y los cinco concejales citados anteriormente por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en la concesión de licencia de una finca para la celebración de bodas.

Según han informado fuentes fiscales, los concejales querellados son María Mercedes Castañeda Abad, José Joaquín Navarro Calero, Miguel Ángel Sáinz Santos, María Ángeles Méndez Díaz y David Prieto Giraldes). La querella va también dirigida contra la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L. y contra su apoderado y administrador solidario Diego García Azpiroz.

En su escrito, el fiscal relata que en 1992 la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L adquirió por título de compraventa la finca «El monje» o «La Alabada» que siete años más tarde fue considerada como Espacio Natural Protegido por lo que fue clasificada como «Suelo No Urbanizable de Especial Protección».

Según los hechos expuestos, el 31 de marzo de 2011 el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón incoó un expediente de licencia urbanística de obra a instancia de Pescaderías Coruñesas S.L. para rehabilitar el «Palacete Rúspoli» ubicado en el interior de la parcela.

El fiscal explica que la concesión de la licencia se limitaba a la rehabilitación del palacete pero la empresa de la que era apoderado y administrador Diego García Azpiroz «llevó a cabo una edificación de considerables proporciones, con aumento de superficie y volumen edificados».

CELEBRACIÓN DE BODAS

Pese a ello, la Fiscalía señala que «al menos» desde el 23 de abril de 2016 la mercantil o empresas vinculadas a la misma comenzaron a desarrollar la celebración de eventos públicos, «singularmente bodas», con asistencia de más de cien invitados y estacionamiento de vehículos «careciendo de la correspondiente licencia de actividad del ayuntamiento».

Según el relato, Agustín Reguera Barba, el edil de Industria y Comercio del consistorio quien a raíz de una denuncia abrió el 18 de junio de 2016 un expediente sancionador a mercantil. No obstante el alcalde, «con el propósito de favores los interés» de Pescadería Coruñesa S.L. impartió instrucciones verbales «careciendo de cobertura legal para ello», con el fin de que la Policía Local no realizara inspecciones en la finca sin su consentimiento.

Tras la primera denuncia entre junio y septiembre de 2016 se celebraron otras cinco bodas. Fue entonces cuando la concejal de Medio Ambiente, María Martín Revuelta, acordó la incoación de otro expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión «inmediata» de las actividades desarrolladas «ilícitamente» en la finca.

A pesar de que la resolución fue notificada a la mercantil la Policía Local comprobó la celebración de otros dos eventos ambos «con gran afluencia de público» los días 8 y 9 de octubre de 2016.

Durante 2017 Pescadería Coruñesa S.L. continuó celebrando eventos públicos en la finca a lo que siguió la apertura de otro expediente sancionador por parte de la concejal. Mientras, el alcalde se dedicaba a impartir instrucciones verbales al concejal de Seguridad y al suboficial Jefe del Cuerpo de Policía Local para que «no se volviese a enviar a la finca a la Policía sin su consentimiento ni autorización expresa».

El proceso sancionador incoado el 18 de julio de 2016 formuló una propuesta de resolución en la que se imponía a la mercantil una sanción de 60.001 euros. Sin embargo, el alcalde «con ánimo dilatorio» acordó devolver el expediente a la instructora para la práctica de actuaciones complementarias. También eliminó hasta tres veces del orden del día «sin justificación alguna» el debate sobre el cese de las actividades de Pescaderías Coruñesas S.L.

«El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento añade la Fiscalía- con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L. procedió, desde el mes de abril de 2016, no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca El Monje, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto».

Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó al consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el Alcalde o Concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy.

Es más, la Fiscalía acusa al alcalde de alterar «conscientemente» las actas de celebración de matrimonios haciendo constar «mendazmente» como lugar de celebración dichos locales municipales «cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje».

Otra cuestión que quiere averiguar la Fiscalía son los motivos que llevaron al alcalde a no estampar su firma en un escrito de alegaciones elaborado por los técnicos para oponerse al cambio de titularidad de unos caminos que discurrían por la finca y que figuraban en el catastro como titularidad del Ayuntamiento en favor de la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.

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