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MADRID.-Exdirectivo de Bankia pide al Congreso posponer la venta de la entidad hasta recuperar las ayudas

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Sánchez Barcoj defiende las tarjetas ‘black’, por las que fue condenado: eran parte del «paquete retributivo»

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

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El que fuera director general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia, Ildefonso Sánchez Barcoj, ha abogado en el Congreso por recuperar las ayudas públicas inyectadas en la entidad rescatada antes de privatizarla. «Si este Parlamento puede hacer algo, no les pongan una soga en el cuello de que hay que vender rápidamente, porque entonces sí que se va a perder el dinero», ha dicho.

Durante su intervención ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Sánchez Barcoj ha mostrado su confianza en que, «si se le da tiempo», Bankia va a devolver las ayudas. «Pero hay que darle tiempo», ha insistido.

En ese sentido, ha remarcado que en estos momentos la rentabilidad del negocio bancario está siendo baja, el plazo de venta provoca que el valor sea menor, y «turbulencias» como el crecimiento del petróleo o las políticas proteccionistas podrían hacer que «el ciclo se diese la vuelta».

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Sin embargo, esta invitación a acompasar los procesos únicamente ha sido recibida favorablemente por Ciudadanos, cuyo portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, ha recordado en todo caso que el plazo de venta era una imposición derivada del acuerdo del rescate, pero que comparten la necesidad de posponerla. «Creemos que el Gobierno debe hacerlo», ha dicho.

PROPUESTA PARA DIFICULTAR DESAHUCIOS AL BANCO DE ESPAÑA

Por otra parte, Sánchez Barcoj ha dicho ante la Comisión que, ante el aumento del desempleo y de los impagos en las hipotecas, llegaron a plantear al Banco de España que «no tenía ningún sentido acelerar las ejecuciones hipotecarias», un posicionamiento que, no obstante, estaba «en contra de lo que planteaban informes de inspectores del Banco de España».

La propuesta realizada ante el supervisor, ha dicho, consistía en refinanciar la deuda de aquel cliente que podía afrontar un pago mensual de 250 euros, y que la condición del Banco de España fue que estos pagos contaran como morosidad y, si pudiera hacerse frente así durante un año, recuperar la cuota original.

«Caja Madrid ejecutó muy muy pocas hipotecas», ha dicho, algo que ha sido replicado tanto por Unidos Podemos como Esquerra Republicana. Mayoral, de Podemos, ha dicho que eso era «una milonga» y que Caja Madrid, como otras entidades, habían «incumplido sus obligaciones en derechos humanos, ensañándose con los sectores más vulnerables». «Estamos hablando de gente en la calle, seguro que encuentra una fórmula más correcta», ha dicho, por su parte, Joan Capdevila.

En todo momento, Sánchez Barcoj, al que la Audiencia Nacional condenó a dos años y seis meses de prisión por el caso de las tarjetas ‘black’, ha destacado su condición de «empleado» de la entidad y no miembro de los órganos de gobierno de la entidad, y como tal ha encuadrado su participación en este caso.

Así, ha defendido que estos pagos formaban parte de su «paquete retributivo» y que dichas remuneraciones «eran otorgadas por las personas que tenían facultades para ello». Durante los años de los que dispuso de esta tarjeta, el directivo extrajo 575.079 euros de esta cuenta, siendo la única persona condenada por este caso que superó el medio millón de euros en este concepto.

ASEGURA QUE NO HABÍA RECOMENDACIONES DE PARTIDOS

Preguntado en la comisión por si existía algún tipo de trato diferencial dentro de la entidad a personas «recomendadas» por otros partidos, ha negado tal circunstancia, apoyando su afirmación en que «los sindicatos de la banca son duros», por lo que sería «difícil que no lo hubieran denunciado». «No había recomendados del PP ni del portero de mi casa», ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que en el consejo, en las reuniones a las que fue llamado y se le preguntaron cuestiones técnicas, «los consejeros tenían conocimientos técnicos más que suficientes, sobradas», ha aseverado.

Por otro lado, ha asegurado que la entidad sí que llevaba un control de su política de inversiones en el sector promotor e inmobiliario y que todos los años se aprobaba esta política con «una intensísima discusión», por lo que ha defendido que sí que se imponían límites. «¿Suficientes? Esa es otra cuestión», ha dicho.

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