En 2018 se han interpuesto 78 denuncias, todas en la capital menos una

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid tiene cuantificadas, en su registro, un total de 8.538 viviendas de uso turístico en la región que se regularán próximamente con la entrada en vigor del nuevo decreto.

Así lo ha indicado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad, Jaime de los Santos, en la Asamblea de Madrid, donde ha vuelto a comparecer para explicar la nueva normativa que ya cuenta con el visto bueno de la UE y que estará listo para antes de octubre.

«La existencia de viviendas de uso turístico ha generado una serie de situaciones que enfrentan diferentes intereses ante lo que conciliar muchas y legitimas preocupaciones», ha señalado. Pero, ha hecho hincapié en que desde la Comunidad «no van a establecer procedimientos de regulación propia de regímenes totalitarios» como en otras regiones ni a fomentar «la turismofobia».

El nuevo decreto incluye, entre otras cuestiones, que todas las viviendas deben estar registradas con independencia del día, un certificado de idoneidad, la inclusión de las plataformas en la definición de canales de oferta turística o el establecimiento de ratios por metros cuadrados.

Y es que, tal y como ha explicado el consejero, la iniciativa vigente, de 2014, debía ser adaptada » a la realidad cambiante» del sector. En concreto, en lo que va de 2018 se han cuantificado 78 denuncias, todas en la capital menos una, lo que se traduce en una media de 0,4 al día.

PODEMOS: «NO GUSTA A NADIE»

En su turno, el parlamentario de Podemos Isidro López ha señalado que a la Comunidad solo le interesa «el beneficio inmobiliario» así como que la nueva normativa «no le gusta a nadie más que a los propietarios de estos inmuebles desregulados». «No ataja los enormes problemas de los pisos turísticos ilegales», ha criticado.

Así, ha puesto de manifiesto para ellos este decreto y la lógica que subyace a él son «profundamente erróneos» y que cuanto más se tarde «en retirarlo, en cambiar de enfoque y tomar este fenómeno en serio, más seguirá creciendo la masa de los alquileres desregulados, la destrucción de los barrios afectados y los problemas de acceso a la vivienda».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Ricardo Megías ha instado al Gobierno regional a «cumplir la normativa vigente» porque consideran que se ponen «de perfil» y optan por «la pasividad». Para el parlamentario, esto tiene como consecuencia «el fomento de la inseguridad jurídica que afecta a todos los ordenes de la actividad del sector».

«La reforma multiplica por dos las restricciones. Dice que reforzará la inspección pero cómo va a hacerlo si no son capaces de hacer cumplir una normativa con la mitad», le ha espetado. Del nuevo documento, ha criticado, entre otras cuestiones, que establecer ratios en las viviendas podría llevar al «hacinamiento de personas». «No puedes seguir instalados en la improvisación poniendo parches», ha criticado.

«NO SE HA HECHO NADA», DICE PSOE

Desde PSOE, el parlamentario Daniel Viondi ha criticado que el último año no se haya hecho «prácticamente nada» y el nuevo decreto siga sin ver la luz. El socialista ha criticado además la «falta de coordinación» entre administraciones con la nueva normativa, algo que, a su parecer, generará «inseguridad para los vecinos y para los turistas».

En este sentido, ha subrayado que la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, exdiputada en la Asamblea, trabajará para ofrecer un «paraguas estatal» a la problemática. «Mientras tanto las administraciones no pueden seguir dándose patadas, sin que nadie resuelva los problemas y se ponga fin a un problema latente», ha clamado.

Por su parte, la diputada del PP Isabel González ha criticado que los grupos de la oposición no quieran «solucionar el problema» sino que han hecho de esta cuestión «un tema ideológico con el objetivo de tener un rédito político, sin buscar el beneficio de los madrileños».

Así, ha apostado por «regular que no prohibir», aunque esto sea «lo que les gusta a Podemos», para que se genere «seguridad y certidumbre». «No les importan más los vecinos que a nosotros», ha espetado.