MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La oposición en la Asamblea de Madrid –PSOE, Podemos y Ciudadanos– ha criticado este jueves, durante el Pleno de la Asamblea, las «continuas y crecientes denegaciones» de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y exige que se agilicen los trámites ante lo que el Gobierno regional defiende que se está trabajando con «profesionalidad».
En una interpelación al Ejecutivo, la diputada del PSOE Josefa Navarro ha criticado que la prestación sea en la región «residual» ya que solo beneficia al 1 por ciento de la población. Se debe a sus «requisitos restrictivos» para ser beneficiarios y a «la complejidad de la documentación». Y es que, según la socialista, «se está limitando el acceso de la prestación y se está expulsando del sistema a muchas familias que están incluidas en el mismo».
«No es la primera vez que hablamos de la simplificación administrativa de la RMI y está claro que ejemplos de agilidad hay muchos. Lo que le digo es que aprendan», ha espetado. A su parecer, no se puede establecer un clima de «desconfianza y miedo» porque las personas deben sentirse «con oportunidades» y no se les puede obligar a aceptar públicamente «que son pobres» para acceder a las ayudas.
El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero ha puesto de manifiesto que éste es un tema que «preocupa a todos» porque las entidades que trabajan con personas que perciben la RMI reciben «continuas y crecientes denegaciones, o suspensiones cautelares. «No nos convencen las explicaciones de la mejora económica», ha sostenido.
Así, los ‘naranjas’ apuestan porque hay que modificar la gestión, «la carrera de obstáculos» en la que se ha convertido la ayuda. Abogan, por ejemplo, por simplificar procedimientos, agilizar la respuesta ante situaciones de emergencias y dedicar más recursos humanos. «Queda mucho camino por recorrer», ha dicho.
El parlamentario de Podemos Raúl Camargo ha recomendado al Ejecutivo que se reúna con los afectados para que sean conscientes del «problema real» que existe. «Están ustedes desmantelando el sistema de renta mínima en la Comunidad. La mayoría de los casos es por fallos administrativos», ha criticado.
Camargo ha resaltado que «no hay menos necesidades sociales sino que el proyecto de la señora Cifuentes, y ahora del señor Garrido, es no ayudar a toda la gente que lo necesita en esta Comunidad».
«DE MANERA PROFESIONAL»
Por su parte, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha remarcado que algunas de las soluciones a las críticas a la RMI se vio plasmada en la Estrategia de Inclusión Social así como en mejoras en la definición practica de la ayuda aunque queda pendiente «el abordaje de una reforma de la regulación de esta prestación».
«El numero de hogares perceptores ha pasado de los 22.163 al inicio de 2015 a los 29.550 al final de 2017 o los 27.230 actuales. También se producen descensos en el número de perceptores porque la RMI no es sinónimo de pensión porque si se reduce el desempleo solo puede esperarse que se registren descensos», ha sostenido.
Además, otra circunstancia que ha puesto de manifiesto es la percepción de otros beneficiarios de otras prestaciones como las del sistema de empleo. Por otra parte, ha puesto el acento en «la secuencia de obligaciones» que se exige a los perceptores», tal y como fija la normativa.
En este punto, ha defendido que se está trabajando «de manera profesional» y que si se que se pueden producir errores puntuales «lo que procede es presentar la reclamación correspondiente». «No se producen actuaciones reiteradas y deliberadas en contra de lo establecido. Se está trabajando bien y con una extraordinaria profesionalidad», ha concluido.
En su turno, la diputada del PP Ana Camíns ha afeado a los grupos parlamentarios que se manifiesten con las entidades, «calentando la calle», así como que prefieran que no se exija el cumplimiento de la normativa. «Es nuestra obligación que se garantice que otras personas la puedan percibir porque los que han perdido este derecho ya no lo están cobrando» , ha criticado.