MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La plataforma ‘RMI Tu Derecho’ ha acusado a los consejeros de Presidencia y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán y María Dolores Molina, de «falsear los datos» sobre denegaciones y extinciones de la Renta Mínima de Inserción.
Frente a las afirmaciones formuladas la semana pasada por Rollán de que «en ningún caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se han endurecido las condiciones para que las personas solicitantes puedan ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción», la plataforma ha señalado que desde inicios de 2017 se utilizan criterios de gestión arbitrariamente restrictivos.
En el 2016 se concedieron una de cada dos resoluciones iniciales, en el 2017 lo fueron una de cada tres y en el primer semestre de 2018 sólo han sido de concesión una de cada cuatro. «Es evidente que han endurecido las decisiones que toman. ¿Por qué? Eso es lo que tienen que explicar el vicepresidente y la consejera de Políticas sociales y no lo han hecho. Si se hubiese mantenido la tasa de concesión de 2016, desde enero de 2017 se habrían concedido unas 3.700 rentas mínimas más que las que se han concedido», señalan.
También reprochan que Moreno celebre que haya menos solicitudes cuando esta prestación «nunca ha cubierto a todas las personas y familias en pobreza severa de la Comunidad de Madrid», señala la plataforma.
En abril de 2018 el número de personas beneficiarias de RMI ronda las 92.000, frente a las 300.000 personas que se calcula que viven cada día en situación de pobreza severa.
«Desde nuestra experiencia al lado de personas y familias empobrecidas, constatamos que en el descenso de estas solicitudes juega un papel importante el agotamiento y la frustración que provoca la gestión actual de la Renta Mínima. Es llamativo que aunque haya habido menos solicitudes, las denegaciones hayan aumentado de 3.410 en 2016 a 4.452 en 2017», según datos de ‘RMI Tu Derecho’.
Respecto al dato de que las denegaciones de la Renta Mínima por causas económicas han aumentado un 15 por ciento, la plataforma ha destacado que han aumentado mucho más otras causas, como las relacionadas con acreditación de residencia en Madrid, que han aumentado un 36 por ciento, y especialmente las del no reconocimiento de la familia como unidad de convivencia independiente o por no llevar está seis meses constituida, que han aumentado un 138 por ciento.
«En este contexto nos encontramos con situaciones tan injustas como denegar la RMI a madres solteras cuyo bebe no tiene más de seis meses, argumentando que la unidad de convivencia madre e hijo recién nacido no tienen seis meses de convivencia efectiva», denuncian.
SUSPENSIONES Y EXTINCIONES DE LA RMI
Respecto al argumento dado por la Comunidad de que ha bajado ligeramente el número de beneficiarios porque han tenido se han incorporado al mundo laboral», señalan que no se debe solo a este hecho.
‘RMI Tu Derecho’ apunta a que casi la mitad de las suspensiones son cautelares, unas 3.500 en 2017 frente a las 2.400 de 2016. «Son suspensiones cautelares por ‘indicios’ (es decir, que no hay constatación firme del hecho, sino sospecha) y sin realizar audiencia previa con la persona afectada. De esta manera se genera una situación de «presunción de culpabilidad» que conduce a la pérdida de esta ayuda para la supervivencia durante varios meses, en los que al estrés propio de tener que ajustarse a esta nueva situación sin ingresos se suma el tener que demostrar responder a los requerimientos de la Comunidad de Madrid», esgrimen.
Así, según datos de la plataforma, una de cada 3 extinciones se deben a suspensiones cautelares que no se revierten al cabo de 3 meses, cuando en 2016 eran 1 de cada 4.
Por todo ello, han instado al vicepresidente regional y a la consejera de Políticas Sociales «a que el tiempo que utilizan en falsear los datos de protección a las personas más pobres de nuestra comunidad lo inviertan en crear políticas activas para llegar a la gran bolsa de personas empobrecidas que no llegan a solicitar la RMI, a facilitar el acceso a este derecho a toda vecino de la Comunidad que lo necesite y revisar los mecanismos de supervisión para que no generen indefensión ni mayor precariedad a personas y familias que la reciben por encontrarse en situación de pobreza severa».