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MADRID.-PP carga contra la «orwelliana» ley de memoria de Sánchez y Cs cree que la actual genera «tensión»

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP Pedro Corral ha cargado contra la «orwelliana» nueva Ley de Memoria Histórica que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez mientras que la edil de Cs Sofía Miranda ha opinado que la actual únicamente «genera tensión y debate entre los grupos políticos y los ciudadanos».

Cs ha defendido una proposición para que el Pleno asuma el informe del Comisionado y que el Gobierno ponga en práctica inmediatamente las recomendaciones para, una vez hecho, declarar que Madrid ha culminado con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, sin que procedan nuevos estudios o medidas adicionales. Los primeros han salido adelante, con el apoyo o la abstención del PP, y el último no ha sido aprobado por el rechazo de PSOE y Ahora Madrid.

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Corral ha lanzado al responsable municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, que debería ser él quien pidiera perdón por las víctimas del comunismo aunque no lo espera dado que el edil de Ahora Madrid «tiene el cartel de un dictador comunista en su despacho» y en el PP «el de un rey según la Constitución».

También le ha instado a que «tire a la basura la maquinita expendedora de carnets franquistas porque puede pillarse los dedos con ella» y todo eso después de explicar que el padre de la concejala popular Isabel Rosell, con quien ayer mantuvo un rifirrafe dialéctico, participó en el ejército republicano, sufrió los campos de trabajo franceses y estuvo en cárceles franquistas. «Pídale perdón por su sectarismo», ha instado.

Corral, con el debate de los chequistas y su inclusión en el memorial, ha leído un texto de la republicana y feminista Clara Campoamor, «que tuvo que exiliarse en 1936 por temor a ser asesinada en el Madrid revolucionario». Incluso ha saltado irónicamente que la nueva Ley de Memoria pudiera condenar sus escritos «a la hoguera».

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Sofía Miranda, a su vez, ha reprochado que el gobierno socialista de 2007 «echara la pelota a los 8.000 ayuntamientos» con la promulgación de la ley de memoria. Esto se tradujo en Madrid en el derrumbe del monumento al alférez provisional o la retirada de una placa a los carmelitas en un cementerio privado.

La solución que aportó la alcaldesa, Manuela Carmena, fue un comisionado, con cabida para todas las sensibilidades. «Ahora la espantada de comisionado es el fracaso de la alcaldesa», ha declarado, tras reclamar que en el memorial no aparezcan «personas que violaron los derechos humanos» y «menos con dinero público» porque hubo «excesos deleznables, como abusos sexuales y violaciones en las checas a religiosas».

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