GALAPAGAR, 11 (EUROPA PRESS)
La Sección número 4 de la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto por el que archiva la causa contra la exconcejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Galapagar María del Amor Santos, tras una denuncia presentada por un policía local que le acusaba, entre otros delitos, de prevaricación.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se confirma el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Villalba, que decretó el sobreseimiento provisional del caso. Se desestima así el recurso de apelación presentado, se confirma la resolución inicial «en todos sus extremos» y se puntualiza que contra estas última decisión «no cabe recurso ordinario alguno».
La denuncia en cuestión, según fuentes municipales, fue presentada por un agente de la Policía Local de Galapagar contra la concejal de Recursos Humanos en la anterior Legislatura, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad de documentos públicos y contra la integridad moral por haber firmado, según el denunciante, resoluciones para perjudicar al funcionario.
Explicaron en el Consistorio, cuando se produjo la primera resolución judicial, en 2015, que la denuncia fue presentada, según la versión del funcionario porque «vio demorada su concesión formal de segunda actividad».
Estas fuentes señalaron entonces que el agente «casualmente» había sido «suspendido de empleo y sueldo durante 3 meses» y que la concejal «actuó en consecuencia» firmando esta suspensión y que «como consecuencia, el policía local presentó una querella sin fundamento ni consistencia».
«INOCENCIA DE LA EXCONCEJAL»
«Se archiva probando la inocencia de la exconcejal, a la que se le acusaba de tres presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documentos públicos y contra la integridad moral, además del que fuera jefe de Policía de la localidad, Juan Manuel González, también imputado por presuntos delitos de prevaricación y contra la integridad moral de un policía», afirman desde el Ayuntamiento, con motivo del fallo de la Audiencia.
Estas fuentes aluden a lo que «se recalcó» en el momento de conocerse la denuncia. Aseguraron entonces que se trataba de «una venganza» de un policía que «había sido sancionado en varias ocasiones» y había decidido llevar «un asunto puramente administrativo por la vía penal». «Ahora los tribunales dan la razón y dejan patente el buen hacer de la concejal, el jefe de policía y el equipo de gobierno», añaden.
Al respecto, la actual concejal de Recursos Humanos, Carla Greciano, ha señalado a los medios de comunicación que los tribunales «han vuelto a dar la razón» al Equipo de Gobierno y avalado «su buena gestión» frente a la «oleada de denuncias falsas» que están «recibiendo» por parte «muchas veces incluso de la oposición».
«El objetivo no es otro que manchar la imagen de este equipo y por suerte luego los tribunales lo desmienten, demuestran que efectivamente son falsas. No todo en política vale y no se puede utilizar a la justicia para intentar hacer política y ganar a través de los tribunales lo que no se gana en las urnas», ha añadido.
Desde el Gobierno local han añadido que se han presentado 15 denuncias interpuestas ante el Defensor del Pueblo, otras la Fiscalía, e incluso en la Guardia Civil, o «directamente» en los Tribunales de Justicia. «Son todas ellas denuncias ya archivadas», concluyen.