GUADARRAMA, 3 (EUROPA PRESS)
La operación ‘Enredadera’, sobre posibles amaños de contratos de gestión policial, que está llevando a cabo esta mañana la Fiscalía Anticorrupción con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha alcanzado a una quincena de municipios de la Comunidad de Madrid, incluidos Guadarrama y Hoyo de Manzanares.
Así, la Policía Judicial se ha personado en el Ayuntamiento de Guadarrama para requerir información y documentación sobre la contratación del mantenimiento de los semáforos y de la aplicación de la Políca Local, según las diligencias que se instruyen por el Juzgado Número 2 de Badalona.
A su vez, fuentes del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares han confirmado a Europa Press que la Policía también se encuentra en las dependencias municipales.
En cuanto a Guadarrama, a través de un comunicado, el Gobierno local ha destacado la «total colaboración» de la alcaldesa, el Equipo de Gobierno y los funcionarios públicos con la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial.
Explican que la documentación solicitada se centra los expedientes de contratación de la aplicación informática que utiliza la Policía Local y «en concreto los expedientes desde el año 2012». «Además han requerido la documentación del contrato de mantenimiento de los semáforos, también desde el año 2012», añaden.
En relación a este último, la licitación fue realizada mediante un procedimiento abierto en el que se presentaron 4 ofertas con un único criterio que era el económico resultado adjudicataria la más económica que fue la UTE Guadarrama formada por VALORIZA Y GESPOL por un importe anual de 13.700 euros.
En relación al primero, puntualizan que se trata de un procedimiento negociado por importe menor (14.374 euros anuales) que se corresponden con la licencia y mantenimiento de la aplicación específica del servicio de policía local.
Por este motivo, señalan que la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, en «aras de la transparencia» ha convocado de forma «extraordinaria y urgente» una comisión informativa a todos los grupos políticos del Ayuntamiento en la que se repartirá la documentación solicitada y facilitada a la Policía Judicial.
«De dicha documentación se desprende la transparencia con la que se han tramitado ambos expedientes en la que incluso han participado los diferentes grupos políticos en las mesas de contratación que formularon la propuesta de adjudicación», concluyen.