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MADRID.-Procesada la alcaldesa de San Fernando por presunta prevaricación y revelación de secretos en el caso de Plaza de España

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Coslada ha acordado abrir procedimiento abreviado contra la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, por presunto delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad de custodia de documentos en el caso de Plaza de España.

En un auto, fechado el 21 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado también procesa al asesor jurídico Jaime Morales y al miembro del grupo municipal San Fernando Sí Puede Joaquín Gómez por un presunto delito de infidelidad de custodia de documentos y de revelación de secretos.

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La regidora de San Fernando ya resultó imputada por estos presuntos delitos tras las querellas presentadas por el PSOE e IU en la localidad al entender que personas ajenas al Consistorio habían tenido acceso a documentación protegida sobre la reforma de la Plaza de España de la localidad.

El Juzgado da por concluida la instrucción y acuerda la apertura de juicio contra la regidora y los otros dos acusados, tras analizar la documentación requerida y tomar diversos testimonios.

«De las diligencias relacionadas en el antecedente de hecho de esta resolución, que se entienden por suficientes para dar por concluida la presente instrucción, se desprende la comisión de hechos constitutivos de delito, y su participación en ellos del investigado», recoge el auto.

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En este sentido, expone que los documentos del archivo municipal, sobre la reforma de Plaza de España incluyen multitud de datos de personas físicas y jurídicas, datos e informes de entidades públicas. Así, explica que indiciariamente la alcaldesa y el asesor jurídico autorizan a Joaquín Gómez a manejar datos facilitándole las llaves del archivo, en la que «puede operar libremente y manejar dichos datos y documentos «sin control alguno».

Al respecto, añade que la alcaldesa, preguntada por este aspecto, detalló que esta persona era un voluntario de su grupo municipal y que ella le había autorizado, algo que se reflejó a petición del PSOE en el acta de la comisión de Cuentas del día 14 de junio de 2017, sin que conste grabación de esa manifestación.

También alude a que con el decreto 3535/15 la alcaldesa acuerda que el acceso a los despachos de los grupos políticos municipales era exclusivamente de 8 a 15 personas y para los concejales y sus acompañantes, «contradiciendo el mencionado decreto y autorizando a una persona ajena al Ayuntamiento el acceso a dicho archivo, en el que se contiene la información y documentación antes referida».

«De todo lo anterior, se desprende que los hechos que constan en la querella arrojan indicios de comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos por cuanto según declaración de la propia alcaldesa, a pesar de haberse contratado a un letrado para la asistencia técnica en los procedimientos judiciales que atañen al Consistorio, designó a Joaquín Gómez, persona totalmente ajena al Ayuntamiento, por ser de su mismo partido y amigo personal para la organización y archivo de toda una documentación referente a procedimientos judiciales, sin adoptar el correspondiente acuerdo de la comisión», añade la resolución judicial.

Aparte, se alude a que esa autorización se habrían realizado «sin fijar oficialmente retribución alguna, sin honorarios ni jornada laboral, teniendo acceso a la fotocopiadora y al escáner, ni el debido tratamiento en cuanto la protección de datos de carácter personal».

Cati Rodríguez aseguró en febrero de 2017 cuando acudió a declarar al juzgado que en el archivo municipal sobre documentación referida al proceso de reforma de la Plaza de España del municipio no se recogía ningún tipo de documentación secreta o protegida y ha asegurado que la querella interpuesta por el PSOE solo es un «intento de derrocar» al actual equipo de Gobierno municipal.

En su comparecencia defendió que la documentación disponible en un archivo del Ayuntamiento no era de carácter municipal sino de una «mercantil privada», en referencia a la empresa creada para la remodelación de la plaza, y que ahí no había datos «protegidos, personales ni secretos», sino documentación habitual de una actuación mercantil entre sociedades.

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