MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
CCOO estima que alrededor de 15 alumnos de la Comunidad de Madrid se verán afectados durante el inicio del curso escolar por obras de diferentes fases de construcción de centros educativos, según un estudio elaborado por el sindicato.
Ante ello, reclama al Gobierno regional un plan de inversiones para la construcción de equipamientos educativos que recupere la financiación «previa a los recortes» aplicados durante la crisis económica y acabe así con una situación «ilegal, inmoral e injusta».
En el informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid se apunta a que al menos 65 centros escolares padecen «algún tipo de deficiencia». De ellos, siete están sin construir, por lo que no funcionarán el curso que se inicia y más de treinta se encuentran en obras.
A su vez, CCOO Madrid acusa al Gobierno regional que incumplir el Real Decreto 132/2010 sobre requisitos mínimos que deben reunir los centros educativos.
Para la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Isabel Galvín, el presidente la de región, Ángel Garrido, y su consejero de Educación, Rafael van Grieken, «asumen y promueven el incumplimiento de forma sistemática y generalizada de la normativa vigente».
También sostiene que esta situación afecta a los profesores, que «no tienen medios suficientes» para poder desarrollar los trabajos y funciones propias como es el caso de salas de profesores, aulas de apoyo y refuerzo, que son lugares «específicos para atención a la diversidad», salas suficientes para desdobles y espacios para tareas administrativas o para atención a las familias.
En esta línea, también asegura que se «incumple la normativa» en lo relativo a asociaciones de padres y madres, ya que muchos centros no disponen de espacios para llevar a cabo reuniones y las labores de padres y madres organizados.
Otro aspecto irregular, según CCOO, sería el «incumplimiento» de la legislación de prevención y riesgos de seguridad. Por ello, CCOO Madrid continuará denunciando en los tribunales aquellos aspectos deficientes que localice en los centros.
«Pondremos en conocimiento de la Inspección de Trabajo los incumplimientos en materia de seguridad, tal como comenzamos a hacer en junio con la denuncia del colegio público Cervantes de Getafe», ha manifestado Galvín.
«No podemos continuar en una situación en la que el consejero trivializa unas circunstancias dramáticas, con declaraciones en las que pretende normalizar que las clases se impartan en los comedores o los pasillo», ha asegurado.
Además, ha indicado que esta situación supone un «maltrato a la educación pública con el objetivo de desviar al alumnado a la escuela concertada y fondos a manos privadas».