MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado que la Comunidad de Madrid debe aportar al sindicato CCOO datos sobre las ratios educativas de los centros de la zona sur de la región para aclarar si se han incrementado, como requiere el sindicato.
Así lo detalla la sección octava de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que anula la decisión de 2016 de la Viceconsejera de Organización Educativa que inadmitió el recurso de alzada presentado por CCOO ante la «falta de contestación de diversas reclamaciones» por las que denunciaba un aumento de ratios en el curso escolar 2015/2016 en diferentes centros del ámbito de la Dirección del Área Territorial Sur.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala entiende que la inadmisión de ese recurso de alzada no esta justificada y ordena que la Consejería de Educación para resolver el recurso presentado «como proceda en derecho».
El TSJM establece que el sindicato realizó una reclamación ante unos hechos que consideraba «irregulares» y que la administración tiene «obligación de resolver esta queja». Además, recalca que CCOO es una organización «legitimada» ante la administración y que se debe dar respuesta a los escritos presentados.
Por su parte, el CCOO ha señalado que esta sentencia crea un «importante precedente» al considera «legítimas» las «denuncias del sindicato sobre las ratios» y «obligar» a la Consejería de Educación a dar datos sobre el número de alumnos por aulas. Recuerda también que hay una sentencia en los mismos términos en el caso
Añade que el fallo judicial deja claro que se trata de «una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza y atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad y, en particular, a la atención que puede dedicar al alumnado».
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado que la sentencia «es muy positiva porque abre la puerta a que otros recursos y denuncias presentados deban ser contestados por la Consejería de Educación y se vea obligada a responder y asumir sus responsabilidades, en lugar de salirse por la tangente con requiebros administrativos».
Galvín insiste en que «ahora el Gobierno de la Comunidad debe explicar por qué el exceso de alumnado, que es una medida excepcional y con un límite se ha convertido en una práctica habitual.