MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Universidad Rey Juan Carlos ha remitido un procedimiento de buenas prácticas dirigido a los profesores del campus de Vicálvaro, donde se despliegan las enseñanzas de Derecho, en el que se recomienda archivar trabajos y documentación de los alumnos durante un periodo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de las actas de calificaciones.
Así lo plantea la universidad en un documento, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press, donde se clarifica y se pauta el procedimiento para conservar los trabajos de los estudiantes.
En ese protocolo, se establece que los exámenes escritos deben ser archivado en soporte física mientras que en el caso de los trabajos de fin de grado se adjuntarán en un archivo virtual, al igual que otro material contemplado en la guía docente según el sistema de evaluación continua.
Respecto al caso de los exámenes escritos, el profesor lo guardará en cajas de «archivo definitivo». «Estas cajas son facilitadas por los auxiliares del Edificio Departamental. En las cajas se deberá introducir solamente el material que debe ser archivado, es decir, el examen, evitando carpetas adicionales, fichas de alumnos o similares», explica el documento que aporta una ficha explicativa con los hitos para registrar estos documentos, como nombre del profesor, la asignatura, grado y nombre del estudiante.
«Una vez transcurrido el plazo de seis años a contar desde la fecha de depósito, la Gerencia ordenará la destrucción de la documentación archivada», recalca la URJC para el caso de los trabajos de fin de grado.
La cuestión de la custodia de los trabajos y calificaciones de los estudiantes ha generado polémica a raíz del caso máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha indicado que no encuentra su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del máster de Derecho Autonómico que cursó en 2012, si bien asegura que lo realizó y lo defendió el 2 de julio de ese año ante un tribunal calificador.
De hecho, mostró en la Asamblea un certificado del acta de defensa del TFM que luego el director de los estudios, el catedrático Enrique Álvarez Conde, aseguró que se trataba de un documento reconstruido.
En el caso de Casado, la juez ha reclamado a dos docentes, Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, para que entregaran los trabajos del presidente del PP. El tutor del trabajo indicó que no los disponía y que no era obligatorio conservarlos pasados dos años.