Los madrileños tenemos la inmensa suerte de contar con una de las empresas públicas más importantes de España. Una empresa con 166 años de historia que abastece a nuestra región con un agua de extraordinaria calidad, el Canal de Isabel II.
El Canal somos todos los madrileños. A nosotros pertenece el cien por cien de la propiedad de la empresa a través del gobierno regional y de las entidades locales. El Canal es también los 2.500 trabajadores que los 365 días del año, las 24 horas del día se preocupan de que los más de 6 millones de personas que vivimos en la Comunidad de Madrid tengamos a nuestra disposición uno de los mejores sistemas del ciclo del agua.
Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha tenido muy claro hacia dónde tenía que caminar la compañía. Cada año se invierten alrededor de 200 millones de euros, lo que la convierte en la empresa española del sector del agua urbana que más invierte en infraestructura hidráulica. Es fácil, por tanto, imaginar el motor de inversión y creación de empleo q supone para nuestra Comunidad.
Pensemos en esa España prospera en crecimiento q deja el Presidente Rajoy con esos 1,5 millones de nuevos empleos. Gran parte de ellos se han creado en nuestra región. Y es verdad que a esta prosperidad ha contribuido decididamente la política de bajada de impuestos que impulsa el gobierno regional, pero no es menos cierto que es fundamental seguir contando con empresas públicas punteras como el Canal.
Desde julio de 2015 hasta el cierre del pasado mayo, Canal de Isabel II ha adjudicado 259 contratos de obras, de los que casi el 90% han sido adjudicadas por procedimiento abierto. No cabe, por tanto, mayor trasparencia en la gestión tal y como fue comprometido al comienzo de la legislatura. También se está dando cumplida respuesta al compromiso social que asumimos con los madrileños quienes ven como la tarifa del agua está congelada desde el pasado año 2015 y así seguirá con este gobierno.
La tarifa social del Canal es otra medida que está haciendo mucho bien a las familias. Es la más avanzada de España y supone una bonificación de hasta el 79% del recibo. De este modo, una familia media acogida a la tarifa social paga únicamente 4,36€ mensuales por todos los servicios que recibe del Canal de Isabel II.
El número de familias acogidas a la tarifa social ha aumentado nada menos que un 181% en los 2 últimos años. Además, en 2018 la hemos ampliado a todos los pisos de acogida y viviendas comunitarias gestionados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro en los que se atiende y protege a más de 3000 personas.
Asimismo, desde hace dos años, no se procede al corte de suministro de agua por impago cuando se dan circunstancias de imposibilidad económica.
Este modelo de gestión permite además que quienes tienen legalmente atribuidas las competencias en la distribución y el alcantarillado, los Ayuntamientos, tengan un papel relevante en el devenir de la compañía. De tal manera que, como accionistas de la Sociedad Canal de Isabel II, tienen derecho a participar en los beneficios que genera. Solo en 2017 se repartieron un total de 155,62 millones de euros en dividendos entre la Comunidad y los diferentes ayuntamientos que integran la sociedad anónima pública. Es dinero público que revierte a lo público, en favor de las Administraciones titulares del servicio.
El Gobierno del Partido Popular, a través de este modelo supramunicipal del ciclo integral del agua, que es referente internacional y busca ser imitado por otras comunidades autónomas, está permitiendo a todos los madrileños disfrutar de una calidad de abastecimiento y depuración de primer nivel gracias a la tecnología más avanzada a través de una empresa 100% pública.
Eugenia Carballedo es diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid
