Los principales sindicatos de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias (ACAIP, CCOO, UGT, CSIF y CIG) han convocado seis días de huelga general para el 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre para exigir al Ministerio del Interior que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de prisiones.
Además, han anunciado que el día 17 se encadenarán frente al Ministerio del Interior para exigir al titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, que se reúna con ellos, después de la «falta de respeto» perpetrada, según denuncian, por el secretario general de Instituciones Penitenciaras, Ángel Luis Ortiz, al retirar «de forma unilateral» de la mesa de negociación la oferta que les planteó de subida salarial de 365 euros de media –unos 122 millones en un periodo de 3 años–.
Así lo han asegurado los responsables de prisiones de CCOO, Silvia Fernández; de UGT, Antonio González; de CSIF, Adolfo Fernández; y de CIG, Antonio Romero; y el presidente nacional del sindicato ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), José Ramón López, en la rueda de prensa que han ofrecido este martes en la sede de Comisiones.
Según ha explicado la responsable de CCOO, se trata de la primera vez que todos los sindicatos de prisiones se ponen de acuerdo para convocar una huelga general en este sector, a la que están llamados a participar 25.000 trabajadores.
El motivo, tal y como ha señalado Silvia Fernández, es que «el personal de Instituciones Penitenciaras se siente engañado» por el Ministerio de Interior, por retirar una oferta de subida salarial que ya estaba sobre la mesa, y que llegó tras ocho meses de movilizaciones.
PRIMERA HUELGA GENERAL A PEDRO SÁNCHEZ
En esta línea, el presidente del sector Prisiones de CSIF ha destacado que se trata de una huelga histórica, no sólo porque es la primera vez en democracia que se convoca un paro total para los trabajadores de prisiones, sino porque será «la primera huelga general que se realiza al Gobierno de Pedro Sánchez».
«Es una situación desesperante. Hemos pasado de la desesperanza a la indignación, de la negociación a la falta de negociación. De la propuesta económica a la retirada. Del compromiso a la ignorancia, y hasta aquí hemos llegado», ha sentenciado. «Los vaivenes del Gobierno y la descoordinación absoluta nos han llevado a convocar esta huelga», ha añadido.
Por su parte, el presidente de ACAIP ha informado de que la huelga, convocada para 6 días, será de 24 horas y afectará a los tres turnos y a «todos los servicios y áreas y centros de trabajo». «Vamos a la huelga porque nos han faltado al respeto», ha enfatizado José Ramón López, quien ha señalado que Instituciones Penitenciaras no les dio más explicaciones a la retirada de la oferta. «Sólo dijeron que se habían equivocado de procedimiento», ha apostillado.
SERVICIOS MÍNIMOS «CLARAMENTE ABUSIVOS»
José Ramón López ha aprovechado además para denunciar que la administración ya ha comenzado a organizar unos servicios mínimos que, a su juicio, son «claramente abusivos». «Aquí se quiere hacer funcionar todo, pero sólo se deben cubrir los conceptos de seguridad y la atención sanitaria y alimenticia de los preso», ha defendido.
Estos servicios mínimos son todavía más abusivos, según la responsable de CCOO, si se tiene en cuenta que hay un importante número de vacantes sin cubrir y que incluso «hay centros que trabajan por debajo de los servicios mínimos». En concreto, hay 3.400 vacantes, tal y como ha apuntado el responsable de UGT-Prisiones. «La carga de trabajo es inasumible», ha denunciado Antonio González.
A su vez, el representante de CIG, Antonio Romero, ha lamentado que esta situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que los trabajadores de prisiones cumplen el «mandato constitucional» de garantizar que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción social.
Aunque están decididos a seguir adelante, los sindicatos ofrecen al Gobierno la oportunidad de evitar esta situación, siempre que el ministro acepte reunirse con ellos y volver a plantear la oferta de subida salarial que les retiró.
Eso sí, han avisado de que no les vale con verse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, porque tras retirar la oferta que les hizo consideran que ha quedado totalmente «deslegitimado», según ha señalado el representante de UGT.
