Llevamos un mesecito en el que día sí, día también, alguien anuncia que vamos a pagar máximos históricos por el precio de la luz. Me llaman desde TeleSur en Ecuador, para pedirme opinión sobre estas noticias que siembran alarma y confusión también más allá del océano. Les dirijo hacia quien puede darles una opinión más cualificada que la mía. Doctores tiene la iglesia que puedan explicar qué está pasando en esta España con los precios de la luz.
Unas veces nos explican que la justificación se encuentra en los costes que tiene para las eléctricas la emisión de CO2 en las centrales térmicas. Otras veces la culpa la tiene la subida de los precios del gas, el petróleo, o el carbón. Hasta alguien acusa al agua de contribuir a la subida de los precios de la electricidad, en función de una cosa que llaman “coste de oportunidad”. Y eso que, este año, no ha sido particularmente seco.
En este país las eléctricas se apañan para justificar subidas de los precios de la energía, hasta recurriendo a la mala gestión de las energías renovables, que termina por encarecer los costes finales. He leído a quien pretende demostrar que, cuanta menos inversión en renovables, menos coste final de la electricidad.
Para terminar de arreglarlo, hay que sumar el impuesto del 7 por ciento sobre la producción de energía, que acabamos pagando los consumidores, o los sobrecostes artificiales que introduce el sistema de fijación de precios, según el cual pagamos toda la electricidad al importe más alto que se haya pagado ese día. Las eléctricas nunca pierden. El Estado tampoco.
No es extraño que España, sin tener el mayor PIB de Europa, ni los salarios más altos, encabece los precios de la electricidad en la UE. Si tomamos en cuenta los impuestos, nuestro país se sitúa tan sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica, o Irlanda. Sin embargo, antes de impuestos, nuestro país se encarama a la primera posición.
Si no se quieren tocar los ingresos del Estado vía impuestos, ni se quiere racionalizar el sistema de fijación de precios, perjudicando los ingresos de las grandes y todopoderosas eléctricas, sólo cabe incrementar la publicidad y la propaganda. A ello se han lanzado con una campaña de difusión del bono social eléctrico. Un bono que podría haber beneficiado a 5´5 millones de familias, pero que sólo ha sido solicitado por algo más de 600.000 y que han terminado disfrutando poco más de 300.000. Incluso muchas personas que venían disfrutando del anterior formato de bono social, se han perdido por el camino, al exigirles un engorroso mecanismo de renovación.
He visto que en muchos debates se acusa a la falta de información de la escasa incidencia de esta medida. Dudo que el problema resida ahí. Me temo que muchas de esas familias que podrían acogerse a las categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social, desisten ante la necesidad de tener que demostrar, mediante cuantioso papeleo y no pocas esperas, que pertenecen a una de esas castas sociales marginales en las que pretenden encasillarlos. Me indigna ver a tantas personas mayores en esta carrera de obstáculos.
El Estado dispone de toda la información necesaria para renovar un bono social para adaptarlo a los nuevos requisitos, o para detectar a posibles nuevos beneficiarios. Todos los datos sobre las unidades familiares, empadronamientos, rentas, pagos de impuestos, pensiones y hasta estados de salud, niveles educativos y prestaciones sociales, están en su poder y es bien sabido que la Administración no tiene que pedir al administrado nada que ya obre en su poder. Eso, además de que terminan siendo las eléctricas las que gestionan datos privados de sus clientes, que nada tienen que ver con el servicio.
Hay, seguro, otras maneras de hacerlo, de informar, asesorar, facilitar, ayudar. Lo que es seguro es que tanta humillación no es necesaria, De verdad.
