Tras lo sucedido en las pasadas semanas en el pequeño municipio de Somosierra con relación al traslado de MENAS, con quejas por parte del alcalde y los vecinos del municipio, la situación se repite en Pozuelo de Alarcón y con varias similitudes.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón notificará a los responsables del inmueble tutelado para menores extranjeros no acompañados (MENAS) el «cese actividad» por «incumplimiento de la normativa». Desde el Consistorio han explicado que el planeamiento urbanístico de Pozuelo «no contempla» el uso que la Comunidad pretende dar a una vivienda para que residan MENAS.
En el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento se recoge que la actividad ejercida por una fundación en el inmueble de referencia, se incluye en el uso «Equipamiento de la Clase dotacional, de la categoría salud y Bienestar Social del vigente Plan General de Ordenación urbana», «no estando dicho uso» entre los recogidos como compatibles en las edificaciones de la zona. «No se considera autorizable la implantación del mismo en el inmueble de referencia», especifica el documento.
QUEJAS DEL AYUNTAMIENTO POR LA FALTA DE INFORMACIÓN
Desde el Consistorio, estas fuentes han aludido a la «sorpresa», «preocupación» e «indignación» de la alcaldesa de la localidad, Susana Pérez Quislant, al haber tenido conocimiento del traslado de los menores a través de los vecinos ya que «ni la Comunidad ni la entidad encargada» de los jóvenes «no han comunicado» al Ayuntamiento el uso que se pretende dar a la vivienda.
Según fuentes municipales, Pérez Quislant ha intentado ponerse en contacto con la consejera hasta en seis ocasiones, así como con el Director General «y no ha sido posible, por ello, tuvo que recurrir al vicepresidente, Pedro Rollán». «La alcaldesa se ha puesto en contacto con ellos por que tiene interés en buscar una solución, pues se trata de un lugar que no cumple la normativa y no es adecuado», ha añadido estas fuentes.
Sin embargo, con relación a la situación parecida que se ha dado en Somosierra, Madrid es Noticia pudo ponerse en contacto con la Consejería de Políticas Sociales para conocer su postura al respecto. En este caso aclararon que no comunican donde se traslada a los MENAS «ya que no queremos que se produzcan episodios de discriminación».
Así, han recalcado que la normativa municipal establece que el inmueble puede «sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda» pero «no se puede autorizar como centro residencial». «No es porque sean menores extranjeros. Es porque no es un sitio adecuado. La respuesta sería la misma si fuera para personas mayores u otro colectivo», han subrayado.
EL AYUNTAMIENTO PRETENDE «BUSCAR UN BUEN SITIO PARA LOS MENORES»
Por otra parte, en el Consistorio han indicado que fueron los residentes los que se enteraron de la ubicación de este recurso «al ver el camión de la mudanza». «Solicitaron información al Ayuntamiento sobre los usos permitidos para la vivienda al entender que no se trata de un lugar adecuado», aseguran. Además, explican que la casa «tiene deudas acumuladas con el Ayuntamiento al que deben el IBI desde el año 2015» .
«Somos absolutamente sensibles a las necesidades de estos menores, y prueba de ello es que el Consistorio cuenta con una vivienda para refugiados en la ciudad por la que ya han pasado varias familias y ha dado distintas licencias y autorizaciones para pisos tutelados en zonas en inmuebles permitidos», ha explicado la alcaldesa, en declaraciones a los medios de comunicación.
Por ello, ha indicado que su intención es sentarse con los responsables en la Comunidad de Madrid para «buscar un buen sitio para los menores» ya que «no puede ser en un lugar que no reúne las condiciones y que además incumple nuestra propia normativa».
«NO ES UN CENTRO DE MENORES»
Al respecto, fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales han señalado que se trata de un «piso tutelado» y «no de un centro de menores».
En este sentido, han asegurado que «es la entidad» encargada de gestionar las instalaciones «la que tiene que tener todos los papeles» y que «los técnicos» de la Comunidad «han constatado» que la vivienda cumple con las condiciones para ser vivienda tutelada que acoge a menores». «No estamos hablando en ningún caso de un centro de menores», han reiterado.
LOS VECINOS NO QUIEREN SER «CO-CUIDADORES»
Por su parte, los vecinos que forman parte de la urbanización en la que se ubica la casa, han remitido un comunicado en el que aseguran que se trata de una «pequeña urbanización» formada por nueve chalets. Por ello, a su juicio, «no deja de sorprender» que la fundación encargada del caso y la Comunidad de Madrid «quiera alojar a más de 20 personas en una vivienda que no cuenta con las medidas de seguridad pertinentes».
«Consideramos que esta decisión amparada por la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad, al convertir a unos ciudadanos en co-cuidadores de unos jóvenes tutelados. Además de la extraña connivencia a la hora de financiar una fundación que contrata con una propiedad que no cumple con sus obligaciones fiscales», han aseverado.
