La Policía Nacional ha detenido a 37 presuntos miembros de una red dedicada a introducir a ciudadanos vietnamitas en España y que traficó con 730 personas que eran explotadas en centros de manicura, ha informado este miércoles el cuerpo policial en un comunicado.
La organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y el método para introducir a los migrantes era el uso fraudulento de los procedimientos de protección internacional y de Menores extranjeros no acompañados (Mena) iniciados en puestos fronterizos como los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
La red cobraba por persona traficada unos 18.000 euros, logrando, según calculan los investigadores, una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros desde enero de 2018, y para abonarlo, los afectados pagaban en efectivo, con trabajo no remunerado o con cesión de tierra y propiedades en el país de origen.
En la operación se han llevado a cabo más de un centenar de inspecciones en centros de manicura de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, León, Huelva y Córdoba.
FUNCIONARIO DETENIDO
Entre los arrestados destaca un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, quien aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para obtener fraudulentamente una autorización de residencia y trabajo por arraigo social.
La investigación empezó a principios de este año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para Mena en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que nunca continuaban con el expediente administrativo sino que lo único que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen.
Viajaban desde Vietnam hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
TRATO HUMILLANTE
Los detenidos daban un «trato humillante» a las víctimas por las condiciones de su alojamiento y trabajo en las viviendas de la organización. Los encerraban en pisos, a veces en zulos a los que se accedía por una trampilla, y les sometían a jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento.
La red conocía la legislación, tenía un elevado nivel de «profesionalidad y especialización» e instruía a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir para quedarse en España: rutas por los países intermedios, tránsito ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban.
Para el tráfico, se formaba grupos de seis a 12 personas con un líder que hacía el viaje con ellos, y se facilitaba un teléfono móvil a cada migrante con el mismo modelo y color para contactar a su llegada con la organización.
FUGA DE CENTROS DE MENORES
Los que eran considerados menores no acompañados por la administración se fugaban del centro de menores y acudían en taxi o transporte público hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal, ha explicado la Policía.
La organización contaba con una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también en países sudamericanos, donde simulaban una estancia por turismo y en España, había un lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y países europeos como Francia y Alemania.
En la operación ha participado además de la Policía Nacional, el Equipo Móvil de Europol para el acceso y descarga ‘in situ’ de datos contenidos en dispositivos de almacenamiento masivo de información.
