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El futbolista portugués Cristiano Ronaldo acudirá este martes «personalmente» a la Audiencia Provincial de Madrid a ratificar el pacto al que llegó con Hacienda para zanjar la acusación de la Fiscalía por defraudar 14,7 millones entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014.

Ante los magistrados que componen la Sección 17, el exdelantero del Real Madrid tendrá que reconocer los delitos fiscales de los que le acusa la Fiscalía.

Lo hará a cambio de dos años de cárcel sin ingreso en prisión y el pago de una multa de casi 19 millones de euros, que ya ha sido liquidada.

La defensa del delantero de la Juventus ha solicitado a la Audiencia de Madrid que le permita acceder por el garaje para evitar a los medios, pero se le ha denegado la petición.

También pidió sin éxito que su cliente declarara por videoconferencia, dado que reside en la ciudad italiana de Turín. Por ello, el jugador irá personalmente a esta sede judicial acompañado por sus abogados.

Para validar el acuerdo, Ronaldo tendrá que admitir que se aprovechó de «una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen», hechos de los que le acusa la Fiscalía.

El acuerdo con la Agencia Tributaria se fraguó el pasado verano y se daba por concluido todos sus problemas fiscales, tanto por la vía penal como por la administrativa.

XABI ALONSO, A JUICIO

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para el exfutbolista Xabier Alonso Olano por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

El entrenador español será juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, el mismo día que acudirá el jugador portugués Cristiano Ronaldo.

El representante del Ministerio Público reclama la misma pena para el asesor fiscal Ivan Zaldúa Azcuenaga y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investimentos LDA.Ignasi Maestre Casanova.

A cada uno de ellos, además, les exige el pago de una multa de 4 millones de euros y en concepto de responsabilidad civil les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, esto es, la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la Administración Tributaria, más los intereses generados.


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