La campaña de las elecciones municipales no comienza con la pegada de carteles, sino mucho antes. Justo cuando son designados o elegidos (ahora cunde más lo primero) por partidos los candidatos. En la semana del arranque oficial las propuestas en materia de vivienda han protagonizado el adelanto de los distintos programas electorales. Un problema nacional, el imposible acceso a una vivienda de alquiler o comprada, que se cuela también en el debate regional y local. Y en Madrid, como solución, Madrid Nuevo Norte.

PARTIDO POPULAR

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsará la construcción de 25.000 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes y familias, adaptando el arriendo a su nivel de renta y al número de hijos que tengan con el objetivo de «dar soluciones a la escasez de vivienda a un precio asequible, a la movilidad y a la emancipación de los jóvenes a una edad más temprana». Esta iniciativa se desarrollará mediante colaboración público-privada en terrenos públicos propiedad de la Comunidad de Madrid en diferentes municipios de la región y no supondrá un coste para las arcas de la Administración regional.



Por su parte, el candidato popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha planteado la construcción de 15.000 viviendas en terrenos municipales. Su hoja de ruta sería desbloquear los desarrollos del Sureste y dar garantías y seguridad jurídica mediante el arbitraje y bonificando el IBI a los titulares de vivienda. Almeida apuesta por la colaboración público privada.

CIUDADANOS

La «propuesta estrella» de la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, es la la rehabilitación de 100.000 viviendas, un proyecto basado en el programa ‘Barcelona ponte guapa’ de la ciudad condal en los años 90 con tres ejes: rehabilitación, regeneración y renovación.

Villacís también hace hincapié en la necesidad de la colaboración público privada, e insiste en poner en marcha un plan de choque de agilización de licencias y desbloqueo de grandes operaciones urbanísticas.

PSOE

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, apuesta por crear un consorcio para desarrollar la operación Chamartín con vistas a que pueda alcanzar un 50 por ciento de vivienda pública.

Hernández es partidario de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «que permita reequilibrar la ciudad y fomentar la igualdad entre los distritos del norte y del sur, junto a una política fiscal que garantice la inversión que necesita Madrid y ahonde en la reducción de la deuda pública».

MÁS MADRID

La candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, es partidaria de la aprobación de una «ordenanza de emergencia habitacional» aparejada a un proyecto para construir 3.000 viviendas de alquiler social y rentabilidad limitada por parte de cooperativas y empresas en una treintena de parcelas municipales. El Ayuntamiento de Madrid concedería un derecho de superficie de entre 50 y 75 años para levantarlas en base a unas condiciones y precio tasados por la Administración municipal. En el caso de empresas, se trataría de promotoras y gestoras dedicadas al alquiler, no a la venta, y en el que caso de cooperativas, no se permitiría la división horizontal, de manera que si el adjudicatario inicial vende, el comprador tendría que subrogarse en las mismas condiciones.

PODEMOS

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, presentó un programa con 647 medidas que también pone el foco en los problemas de vivienda a los que se enfrentan los jóvenes de la región, a los que promete la puesta a disposición de40.000 viviendas de alquiler social.

VOX

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, enmarca el «estrangulamiento» del mercado de la vivienda en la paralización de las operaciones Campamento, Chamartín y los desarrollos del Sureste. Smith apuesta por favorecer las reformas en grandes pisos de propietarios que opten por hacer pisos pequeños. Asimismo asegura que «no habrá solución para la situación de la vivienda si no se aporta seguridad jurídica y se protege a la propiedad privada frente a los okupas».




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