La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a una línea de avales para pymes, autónomos y emprendedores madrileños dotada con cinco millones de euros. De esta forma se genera la posibilidad de que las entidades financieras les concedan créditos por un valor cercano a los 55 millones. Las empresas que accedan contarán con la garantía de AvalMadrid para mejorar su solvencia.
Según ha destacado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, el Ayuntamiento cumple de esta forma con una de las medidas recogidas en los Acuerdos de la Villa, y ofrecerá estos avales preferentemente a empresas de los sectores “especialmente castigados” por la pandemia de COVID-19.
El Consistorio añade en un comunicado que los avales estarán garantizados por AvalMadrid, y estarán destinado a facilitar operaciones de préstamo a otorgar a los emprendedores, tanto por entidades financieras tradicionales como por neobancos, plataformas de financiación participativa y otras entidades.
El interés bancario de los avales será un tipo fijo máximo del 2%
Los avales irán destinados a cubrir operaciones de financiación y créditos de autónomos por valor de hasta 75.000 euros y de pymes, con un límite de 250.000 euros. La ventaja de este tipo de operaciones es que el coste máximo en el estudio de la operación no podrá superar el 0.5%, si bien normalmente es más elevado. Además, el coste de estos avales no podrá ser superior al 1% de la cantidad que falte por devolver. En cuanto al interés que cobra el banco, no podrá superar un tipo fijo máximo del 2%.
A la hora de solicitar los avales, es indispensable reunir la condición de autónomo o micropyme (empresa de menos de diez empleados y con facturación o activos inferiores a dos millones de euros al año) y, excepcionalmente, de pequeña empresa (menos de 50 empleados). Además, será necesario que tengan su domicilio social o centro de trabajo en la ciudad de Madrid
Se considerarán especialmente afectadas por la crisis del coronavirus aquellas empresas que tuvieron que cerrar a causa del estado de alarma, las que hayan reducido su facturación en al menos un 25% y aquellas que puedan acreditar un grave perjuicio económico atribuible a la pandemia.
