Continúa la «guerra» de taxistas, VTC y Comunidad de Madrid por la regulación del sector, en este caso con la respuesta de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) al anuncio del consejero de Transportes, Ángel Garrido de los nuevos requisitos para las empresas y conductores de VTC.
En este sentido, la FPTM pedirá indemnizaciones estimadas en más de 2.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid para paliar «los daños directos que causará en el sector la nueva autorización de transportes VTC».
Según los taxistas, la nueva normativa «equipara el trabajo de estos vehículos al del taxi», por lo que «reclamarán judicialmente las consecuencias de que las VTC puedan realizar transporte urbano en competencia directa con el servicio público, después de que estas hayan sido ya indemnizadas con cuatro años de moratoria y de trabajo incumpliendo sistemáticamente la ley”.
Para el presidente de la federación, Julio Sanz, el gobierno «ha decidido otorgar a las empresas de VTC una indemnización que se traduce en una moratoria de cuatro años de tiempo de trabajo, hasta 2022, en los que pueden seguir realizando transporte urbano e interurbano; y el taxi, amparado en la doctrina del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, actuará en consecuencia”.
Según Sanz, “el Estado ya ha indemnizado a las VTC con una compensación de entre 4 y 6 años de moratoria por lo que, si la Comunidad de Madrid crea una nueva autorización que entra en competencia directa con el servicio de las licencias de taxi, debe indemnizar al sector por los daños causados en el pasado, el presente y el futuro”.
En este sentido, el sector mira «con tristeza» la decisión de la Comunidad que «ha cedido una vez más a las pretensiones de los grandes operadores, no legislando hasta el último minuto e ignorando las peticiones del sector» del que dependen más de 20.000 familias de forma directa y que «se siente abandonado de nuevo por el Gobierno regional».
La federación considera que las consecuencias también las sufrirán «los usuarios que exigen un transporte seguro», ya que las VTC acumulan «miles de sanciones por incumplimientos».
La FPTM considera, además, que al Gobierno regional le resultará «complicado encajar la nueva autorización VTC con las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que dictan la prohibición a estos vehículos de deambular por las calles sin un contrato previo».
“Nosotros siempre hemos defendido algo tan sencillo como que se cumpla la ley, con normas que regulen y permitan una convivencia entre ambos sectores, pero la Comunidad de Madrid ha confundido de nuevo libertad con libertinaje”, ha zanjado el presidente de la federación agrupa a más de 6.000 profesionales del taxi.
