Barcelona, un día cualquiera, barrio de Sants. Un hombre de 58 años espera a
que suene el timbre de la puerta, probablemente ha visto ya que la comitiva
judicial, con sus papeles en orden, ha aparcado y se apresta a subir y llamar a
la puerta. No hay nadie concentrado ante el portar para impedir el desahucio.
Y cuando suena el timbre, el hombre solitario se incorpora, pero en lugar de
acudir a abrir la puerta se dirige a la ventana y salta por ella. Los vecinos no
sabían nada de que el hombre estuviera al límite y al borde del suicidio. Al
parecer llevaba tiempo en paro, había dejado de pagar el alquiler y, tras una
espera de meses, el dueño había interpuesto demanda. El juez, argumentando
falta de información patrimonial y laboral, había terminado decretando el
desahucio.
Ahí acaba todo para el hombre. Ahí comienza todo para los demás. El
Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por una líder anti-desahucios devenida en
alcaldesa, acusa a los jueces de haber adoptado una decisión injustificable, de
haber cometido un gravísimo error que debería de hacer reflexionar a la justicia
sobre una aplicación garantista de la moratoria de desahucios.
Desde la justicia contestan que no basta un informe de vulnerabilidad
elaborado por los servicios sociales, sino que el propio interesado debe aportar
sus datos patrimoniales y laborales, que nadie ha aportado, como nadie aporta
tampoco viviendas para dar cobertura a las personas desahuciadas, ni los
servicios sociales pueden dar la cobertura suficiente porque no cuentan con
recursos.
Los autodenominados sindicatos antidesahucio no estaban en la puerta,
porque hay demasiados desahucios. Este era uno más, sin fondos buitres de
por medio y nada hacía prever tan trágico desenlace. Anuncian que
convocarán concentraciones bajo el lema no son suicidios , son asesinatos.
Llegados a este punto es difícil determinar quién es el homicida en este
asesinato disfrazado de suicidio. Porque no creo que nadie quiera terminar
culpando al señor mayor que había comprado una casa, que había dejado un
margen para el pago del alquiler, pero que, pasado un tiempo sin cobrar, había
denunciado al inquilino por impago. No era un fondo buitre, era un mayor
alquilando a otro mayor.
Imagino que hay soluciones para este tipo de casos. Si un informe social
asegura que la persona que no paga un alquiler está en el paro y es vulnerable
y no tiene con qué hacer frente al pago de su alquiler, las leyes deberían
declarar que esa persona no se puede quedar sin vivienda y que es obligación
de las administraciones que esa persona cuente con una vivienda social a su
disposición, en tanto dure su situación de falta de empleo, rentas y recursos
personales.
No es el juez, no son los servicios sociales, ni los policías, ni los trabajadores
de los juzgados, ni los antidesahucios, los responsables de este suicidio
inducido. Sí lo son quienes hacen las leyes, aquellos que deberían contar con viviendas suficientes para alojar a personas injustamente desahuciadas, o
pagar a los pequeños propietarios de viviendas el alquiler impagado, aunque
fuera a un precio tasado.
Son ellos, las autoridades municipales, autonómicas y estatales, los que se
deberían preguntar cada día si están asumiendo realmente sus
responsabilidades, o si tan sólo siguen dispersando las culpabilidades entre
quienes padecen los problemas hasta que el eslabón más débil termina
saltando por una ventana.
