/ 25 julio 2021

La Asamblea aprueba una comisión sobre la entrada del Covid-19 por Barajas

La Asamblea aprueba una comisión sobre la entrada del Covid-19 por Barajas

El pleno de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves, a la creación de una comisión de investigación sobre el impacto que ha tenido en la región la entrada de casos de covid-19 por el aeropuerto de Barajas, y que será constituida pese a la oposición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox.

Tras la aprobación de la creación de esta comisión por parte de la Mesa de la Asamblea (con mayoría del PP y Vox), Más Madrid y PSOE han presentado su oposición a la misma, que ha sido debatida este jueves en el pleno.

Esta comisión tendrá como objeto el análisis de las medidas solicitadas por la Comunidad de Madrid al Gobierno, y su posible eficacia en relación con controles epidemiológicos y restricciones de actividad en el aeropuerto.

En el debate en el pleno de la Asamblea sobre la oposición a la creación de esta comisión, la diputada de Más Madrid, María Pastor, ha dicho que no es competencia de la Comunidad de Madrid, algo que reconoce el Partido Popular en su propuesta.

Barajas, escenario de guerra política

A su juicio, el Gobierno madrileño ha hecho de Barajas «su guerra política particular contra el Gobierno de España», pero es un tema de «fronteras terrestres y aéreas» que se tiene que tratar en el Congreso de los Diputados, y se ha preguntado cómo van a mirar a la cara a los familiares de los residentes fallecidos en Madrid creando esta comisión y no una de investigación de lo sucedido en las residencias.

Por su parte, el diputado socialista Enrique Rico, también ha señalado que esta comisión está fuera del ámbito de competencia regional, ya que el aeropuerto «es competencia exclusiva del Estado», por lo que tiene «dudoso carácter constitucional» y debería ser determinada como «nula».

A su juicio, la verdadera motivación y objeto de esta comisión es «ocultar» la «cruda, dura y contundente» pérdida que lleva sufriendo Madrid durante 26 años, subordinando el interés público al privado, con los casos de corrupción, o con la gestión de la pandemia, desviando así la atención «con debates estériles y vacíos que no se basan en datos de sanidad pública».

«Esta comisión no tiene sentido, salvo que a través del aeropuerto se hubieran extraviado los rastreadores de la Comunidad, los recursos de la sanidad pública para el desmantelamiento de la Atención Primaria, o que hayan entrado los protocolos de no derivación de residentes a hospitales», ha aseverado.

La diputada de Unidas Podemos, Sol Sánchez, también ha contrapuesto la creación de esta comisión con la de residencias, asegurando que si al PP realmente le importase la gravedad y consecuencias de la gestión política de la pandemia, hubieran apoyado la comisión de investigación de lo sucedido en las residencias madrileñas.

«Necesitan inventarse un cuento ayusiano para no hablar de su negligencia», ha dicho Sánchez, que ha opinado que más que la de Barajas, se necesitaría una comisión para saber por qué Madrid tiene guardadas 1,3 millones de vacunas «en las neveras», o sobre «cómo nos libramos del amianto en la Comunidad».

«Ustedes no quieren una comisión de investigación sobre Barajas, quieren que se nos haga tremendamente larga la precampaña de 2023 contra el gobierno del Estado, eso es lo que están proponiendo», ha manifestado la diputada, que también ha sostenido que esta comisión «no es competencia» de la Comunidad de Madrid.

La diputada de Vox Gádor Joya Verde ha dicho que su grupo no niega la «importancia» de esta comisión y que seguirán «ayudando» al PP, pero les ha pedido que «asuman sus responsabilidades» porque se han centrado en las del Gobierno y la Comunidad de Madrid reaccionó «tarde» a la petición de Vox de controlar la entrada de turistas antes de que se declarase el Estado de Alarma.

La diputada popular Ana Dávila ha dicho que el PP no pone en duda «las competencias» del aeropuerto y de la Sanidad Exterior, que son estatales, pero ha asegurado que los ciudadanos «deben conocer si los mecanismos de control» para controlar la pandemia han sido «suficientes en su aplicación, comunicación y trascendencia», ya que es un asunto «de interés público». 

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