La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central que aplace al curso escolar 2023/24 la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos (actualmente prevista para el de 2022/23) en 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.
La petición se produce al tener serias dudas de que los nuevos contenidos lleguen a tiempo. Así lo ha señalado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, tras dar a conocer hoy al Consejo de Gobierno un informe del calendario en el que se detallan los pasos y plazos necesarios para aplicar la normativa a nivel autonómico.
El consejero ha expresado la «preocupación» del Gobierno de que el 1 de septiembre no estén los libros y los docentes no puedan realizar las programaciones sobre los currículos y los libros, y ha censurado que el Gobierno se haya «tirado un año» para hacer los decretos para estos currículos y las comunidades sólo tengan «unas semanas» para sacarlos a partir de diciembre.
Según ha informado la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, el borrador de currículo de Primaria va a ser sometido a un periodo de exposición pública y el debate pertinente en el Consejo Escolar del Estado, con lo que su publicación definitiva no podría ser antes de diciembre.
Respecto a los currículos de Secundaria y Bachillerato, la Comunidad de Madrid desconoce en la actualidad el contenido de los borradores, por lo que todavía no ha podido comenzar a trabajar en las aportaciones, señala el Ejecutivo regional en un comunicado.
Para el Gobierno madrileño, en el caso de que pudiese empezar el procedimiento de los currículos autonómicos en enero, estos no podrían publicarse hasta mediados de mayo, si se realizasen por vía ordinaria, o hasta abril, si se declarase la tramitación de urgencia.
Ossorio ha argumentado que aunque los currículos autonómicos se tramitasen por vía de urgencia, los tiempos serían aún insuficientes, ya que una vez publicados las editoriales tienen que transformar la normativa en recursos didácticos y con la implantación de los nuevos contenidos, los docentes deben tener un conocimiento de las materias para su programación.
Sobre la decisión del Gobierno de dejar en manos de las comunidades la realización de las pruebas extraordinarias de Secundaria, la Comunidad de Madrid ha abogado por continuar haciéndolas y además estudia la posibilidad de implantar unos exámenes que sustituyan a los extraordinarios mediante una fórmula jurídica que no vulnere el marco normativo estatal.
«El Gobierno aprobó la LOMLOE sin consenso, aprovechándose de la situación de pandemia. Se trata de una ley que salió adelante de manera desastrosa, pero cuya aplicación en el sistema educativo va camino de ser aún más caótica», ha añadido Ossorio.
