Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un fugitivo al que le constaba una Reclamación Internacional interpuesta por las autoridades dominicanas por presuntos delitos de corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología. El detenido, estaba considerado como uno de los objetivos más significativos para las autoridades policiales del país caribeño.
Fue en el mes de julio de 2021 cuando las Fuerzas de Seguridad españolas tuvieron conocimiento de la notificación roja de INTERPOL, emitida por las autoridades de la República Dominicana, iniciándose en ese momento las investigaciones pertinentes para dar con su paradero y proceder a su detención y puesta a disposición judicial.
Vivía en una conocida calle de Madrid
Para ello, se han realizado gestiones que tenían como objetivo ubicar su posible entorno social y familiar y, de esta manera, comprobar si el fugitivo residía en España. Estas investigaciones revelaron que vivía junto a su familia en una conocida calle de Madrid, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su domicilio para proceder a su localización y detención.
El fugitivo estaba buscado por los presuntos hechos producidos en la capital de República Dominicana junto a otras personas, que consistía en defraudar al Estado Dominicano mediante distintas maniobras, que consistían en defraudar a la sustracción de fondos provenientes de la Procuraduría General de la República, todo ello en beneficio propio y de terceros, así como la utilización de acciones para encubrir sus actuaciones ilícitas.
Otros delitos
Las autoridades dominicanas definieron los hechos como corrupción, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el estado dominicano, desfalco y delitos de alta tecnología. Por todo ello tiene una pena máxima aplicable de 30 años.
Actualmente, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa de la República Dominicana le imputa el hecho de sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. Concretamente, se le acusa de prevalerse de su posición para beneficiar, por medio de una empresa, a un socio mediante órdenes de compra de millones de pesos dominicanos. El Ministerio Público le acusa de tener incidencia directa respecto al manejo irregular para la elección de las empresas que ganaban licitaciones.
